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Es verdad que en los años recientes los delitos de mayor impacto, como el homicidio, disminuyeron en forma contundente, al punto que el 2017 fue el año en el que menos asesinatos hubo en Colombia en cuatro décadas. Hay que reconocerle al Gobierno Nacional que tanto la desmovilización de las Farc, como el trabajo que desarrolla para atacar a las bandas criminales tienen resultados positivos, pero también es cierto que los atracos callejeros, los robos en apartamentos y el hurto de celulares y de bicicletas, entre otros, siguen siendo un problema serio.

Lo que ocurre en Bogotá es apenas reflejo que lo que pasa en todo el país, incluyendo Manizales. Sin duda llama la atención que Pilar Rubio, madre del futbolista James Rodríguez, denuncie que fue víctima de robo en un restaurante de la capital, que el exarquero de la Selección Colombia Farid Mondragón diga que le robaron su reloj en el norte de la ciudad, que el ataque a una mujer embarazada en el barrio Los Rosales fue de suma gravedad y que es fuerte la escena de la comunidad de un barrio del sur que pretende linchar a un joven ladrón, menor de edad, que puñal en mano quiso robar una bicicleta a otro joven al que asesinó. Sin embargo, el grave problema de inseguridad no es exclusivo de Bogotá, ya que en urbes más pequeñas como la nuestra los ciudadanos también están preocupados por la creciente racha de delincuencia en las calles.

La sensación de intranquilidad es tal que las comunidades empiezan a adoptar conductas excesivas para defenderse, y la justicia por propia mano está a la orden del día. Eso es algo que el Estado no puede ignorar y es urgente intervenir para que se recupere la confianza en la Fuerza Pública y que los ciudadanos se sientan cuidados, que sus vidas y pertenencias no están en peligro. La comunidad se indigna porque los delincuentes siguen haciendo de las suyas sin que se les juzgue debidamente. Así los policías los capturen, a las pocas horas quedan en libertad y sus crímenes no paran.

Si bien con el nuevo Código de Policía se avanzó en tener un mayor control en cuanto a seguridad ciudadana, todavía se tienen vacíos que es necesario discutir en el Congreso de la República y convertir en leyes para, por ejemplo, ser más severos con la reincidencia, y analizar la posibilidad de endurecer las sanciones para menores de edad que incurran en delitos además de impulsar programas de rehabilitación para sacarlos de las garras del bajo mundo.

Es fundamental afinar los aparatos de inteligencia para hacer seguimientos más cercanos a todos aquellos focos criminales que hoy parecen estar ganando la batalla. En el caso de ciudades como la nuestra, es fundamental que las cámaras de seguridad ayuden a ejercer un mayor control, pero sobre todo a judicializar a los responsables de atracos. Se requiere más coordinación entre Policía y Administración Municipal, y mayor eficacia del aparato de justicia, para que se le ponga freno a este preocupante fenómeno.

 

Tampoco se entiende que siga en alza el robo de celulares, cuando se han aplicado medidas que supuestamente lo reduciría al mínimo. ¿Qué más hay que hacer para que no sea atractivo robar estos equipos? El Gobierno tiene que pensar en nuevas estrategias que garanticen que la gente salga tranquila a las calles. Se piensa que con medidas como la restricción del parrillero en las motos puede controlarse el fenómeno, pero la verdad es que así se perjudica a una mayoría que nada tiene que ver con la delincuencia. Se necesita más audacia y creatividad en las medidas para mejorar la seguridad ciudadana.