El crecimiento de los cultivos de coca en Colombia es un hecho indiscutible, pero creer que la única salida para poder combatirlos es la fumigación es negarse la posibilidad de ensayar de una vez por todas la erradicación manual, que ha funcionado en otros momentos y en algunas zonas específicas, y que es una apuesta del país, después de la firma del tratado de paz con las Farc. Así que es importante empezar a cumplir las metas fijadas: las 100 mil hectáreas que se propone el Gobierno dejar libres de coca este año.
Los programas de sustitución tienen que empezar a funcionar, que los cultivadores de coca se den cuenta que hay opción más allá de este cultivo y para eso es clave que la institucionalidad funcione, que no sea solo recibir el incentivo por la erradicación voluntaria, sino que se permita un desarrollo de la zona erradicada con cultivos que puedan ser comercializados a precios justos. Ese es un tema en el que aún falta demostraciones más palpables y en la medida en que el plan de erradicación avance en grandes volúmenes será la oportunidad para demostrar las ventajas. Tienen razón los cultivadores en desconfiar del Gobierno, pero que sea el momento para torcerle el pescuezo a esa percepción.
Hay que tener en cuenta que la presión del Gobierno estadounidense para volver a la fumigación también tiene detrás una historia económica que le dejó muy buenos dividendos económicos a firmas estadounidenses que no solo suministraban los químicos para la tarea, sino que se beneficiaban de la contratación del servicio de aspersión con sus pilotos, que según denuncias de importantes periodistas como Germán Castro Caycedo en el libro Nuestra guerra ajena, abusaban de la hospitalidad del pueblo colombiano, tanto con sus desmanes como con los costos a los que se contrataba la operación.
Así pues que hay que darle una oportunidad al mecanismo manual de erradicación. Los tratadistas coinciden en que el incremento en las hectáreas sembradas con coca, 188 mil según el gobierno estadounidense, tiene todo que ver con la expectativa de muchos campesinos de que habría beneficios para ellos luego de la firma del tratado de paz con las Farc. Ahora lo que toca es empezar a revertir esa tendencia y reducir de nuevo el área de cultivos ilícitos en Colombia como parte de la construcción de un país que busca la paz.

Por este motivo, consideramos que la respuesta de Colombia con el argumento de que se insistirá en la erradicación manual, tanto por sustitución de cultivos como por acción forzosa, esto es con miembros de la fuerza pública, es una decisión que se debe respaldar. Se deben probar estas formas que no afectan el medio ambiente, como está probado que lo hacen químicos como el glifosato, que además pueden terminar por complicar la salud, razones que llevaron a la Corte Constitucional a ordenar la suspensión de este sistema. Eso sí, es clave que el Gobierno sea muy exigente en el cumplimiento de las metas y que aplique sanciones severas a quienes reincidan.