El Gobierno Nacional, en acuerdo con las Naciones Unidas y los jefes de las Farc, decidió la prórroga de 20 días para que la guerrilla termine el proceso de dejación de las armas, y ponerle punto definitivo al conflicto armado. Hoy la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz tiene clara la responsabilidad de apretar el paso en las próximas tres semanas. La idea inclusive es que antes del 10 de julio esté en el país la segunda misión de las Naciones Unidas para asegurar el término exitoso de todo el proceso.
Las Zonas Veredales y Puntos de Transición y Normalización en las que están concentrados los cerca de 7 mil guerrilleros de las Farc se convertirán próximamente en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, los cuales continuarán hasta el primero de agosto, cuando deberá estar funcionando todo el mecanismo de reincorporación a la vida civil de estas personas. No obstante, antes de eso, deberá garantizarse que todas las armas hayan sido entregadas, inclusive las de los milicianos que también se acogerán a los beneficios de la amnistía y de la Jurisdicción Especial de Paz.
Ojalá muy pronto se esté trabajando en la puesta en marcha de proyectos productivos para los desmovilizados, de tal manera que su regreso a la sociedad sea positivo para todos los colombianos y no se repita lo que ocurrió con cientos de paramilitares que terminaron engrosando las filas de las ahora llamadas Bandas Criminales (Bacrim) que vienen desestabilizando la seguridad en amplias zonas del país. Si bien todo el tiempo que duraron las negociaciones fue vital para acabar con la guerra y la etapa actual de implementación es delicada, no es menos importante que el proceso de reincorporación funcione adecuadamente.
Los colombianos debemos comprender que poner a funcionar la paz es mucho más complejo que dejar que siga la guerra, y que en el mismo orden de ideas, para dejar atrás más de 50 años de conflicto armado es mucho el tiempo que se necesita para construir un porvenir esencialmente diferente. De hecho, los seis años y medio que se completa en todo el trámite de sentarse a negociar, dialogar y pasar a la implementación de lo acordado es poco tiempo comparado con lo que se requiere para sanar heridas y tener una paz verdadera. Se requerirán décadas para que la sombra de odio pueda ser superada en forma completa.
Es prudente el plazo establecido para que todo el material que se encuentra en caletas en la selva sea destruido en los próximos tres meses, y con ello no quede nada en absoluto de las armas que se usaron en el conflicto. Más allá de dicha fecha no sería aceptable cuando en forma simultánea ya se están llevando a cabo programas de reincorporación y cuando el partido político de las Farc estará ya a punto de comenzar a hacer política de cara a las próximas elecciones. Tanto las Farc como el Gobierno Nacional tienen la responsabilidad de garantizar que la etapa final de tan difícil proceso pueda enlodarse.
En adelante, el Estado colombiano debe garantizar la seguridad en todo el territorio, incluyendo las zonas abandonadas por los guerrilleros, para lo cual tendrá que establecer un operativo especial en contra de las bandas criminales. No nos podemos dar el lujo de acabar con las Farc para dejarles el paso libre a organizaciones mafiosas que solo buscan generar terror aprovechando los rendimientos económicos del narcotráfico y la minería ilegal.

De otro lado, para acelerar la implementación de los acuerdos, y ante el fallo de la Corte Constitucional que permite que el Congreso cambie los proyectos presentados por el Gobierno, el presidente Juan Manuel Santos tendrá, seguramente, que hacer un uso mayor de sus facultades para expedir decretos ley, pero teniendo en cuenta los principios de prudencia y equilibrio que debe tener un Jefe de Estado. Desde luego que hay asuntos que no deben ser cambiados para que la naturaleza de lo pactado no se modifique, en eso el mandatario debe actuar con mucha sabiduría.