Las conversaciones del Gobierno con el Eln, que tendrán su segundo ciclo a partir del 3 de mayo, empiezan a dar frutos que generan algún grado de optimismo acerca de lo que pueden ser sus resultados. Los diálogos, que se realizan en Quito (Ecuador), tienen ahora la tranquilidad de contar con el respaldo del nuevo gobierno de ese país en manos de Lenín Moreno. Un buen indicio es que al finalizar el primer ciclo se alcanzaron dos avances importantes que tienen que ver con las tareas de desminado humanitario y la aceptación de esa guerrilla de acogerse al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
No obstante, ha sido claro que facciones de esa organización armada ilegal siguen cometiendo actos de terrorismo y crímenes que van en contravía de la voluntad de paz que vienen promulgando sus líderes, lo que podría llevar en cualquier momento a generar tensiones que pongan en riesgo el proceso. Lo que se requiere, por tanto, es avanzar rápidamente en el desescalamiento del conflicto hasta llegar a un cese de las hostilidades que asegure que las negociaciones también se puedan concretar lo más pronto posible. Sería ideal que antes de terminar el actual gobierno de Juan Manuel Santos se haya firmado la paz.
La realidad inmediata es que, como se hizo con las Farc, los diálogos avanzan en medio de la confrontación armada. Eso es conveniente en la medida en que el Ejército Nacional pueda dar golpes certeros a los frentes del Eln que se mantienen activos y amenazantes en varias regiones, sobre todo en las áreas del nororiente colombiano y del Chocó. Al mismo tiempo, hay que evitar que los más radicales de ese grupo puedan seguir dejando estelas de dolor y muerte en los lugares en que hacen presencia. En tal forcejeo el Estado colombiano no puede ceder absolutamente en nada. 
En lo relacionado con el desminado, los miembros del Eln asumen el compromiso de empezar a limpiar con su ayuda las zonas en las que han sembrado estos artefactos durante el conflicto con esa guerrilla, pero más importante aún es que reconozcan que el DIH es el mecanismo a implementar para el desmonte de esa organización, lo que implica así mismo, un reconocimiento político. Ahora bien, estos dos pasos podrían implicar la aceptación de crímenes de lesa humanidad por miembros de esa guerrilla, lo que solo se verá convertido en realidad en el momento de su desmovilización y reinserción a la sociedad.
También hay que exigirle al Eln que devuelva a todos los secuestrados que siguen en su poder, que le ponga punto final a la extorsión y que deje de cometer atentados que en muchas ocasiones afectan principalmente a civiles desarmados. Así que más que celebrar porque en apenas seis semanas de diálogos se alcanzaron dos avances, lo que se debe hacer es llevarlos a comprometerse a dejar de delinquir, que no seguirán afectando los derechos humanos, que retornará la tranquilidad a las regiones en las que hacen presencia, que abandonarán el narcotráfico y que se demuestre que hay unidad de criterio en las filas del Eln para desescalar el conflicto realmente.

Ya se cuenta con un acuerdo con las Farc que debe servir de base a todo lo que pueda concertarse con los jefes del Eln, quienes deben entender que las posibilidades de negociación del Gobierno cuentan con ese marco, del que no pueden salirse, ya que cualquier otra decisión por fuera recibiría el rechazo vehemente de la sociedad colombiana. Además, lo que requiere el país para empezar a creer en el éxito de este proceso es que el Eln ofrezca gestos de paz, actos que evidencien que asumen la franca determinación de dejar atrás la violencia.