La tragedia de Guatapé (Antioquia), el pasado 25 de junio, en la que murieron 9 personas, no puede contarse como un simple accidente. Hubo causas objetivas que no pueden menospreciarse y que, infortunadamente, coinciden con otros hechos trágicos alrededor del transporte, en lo cual se evidencia falta de control suficiente. Dicho de otra manera, si se ejecutaran en serio los controles que están establecidos en las normas no solo para embarcaciones, sino para todos los tipos de transporte que se tienen en el país, muchos de estos lamentables hechos habrían podido evitarse.
En el caso específico del embalse de El Peñol-Guatapé, si solo se hubiera cumplido con el básico mandato de que cada pasajero llevara su chaleco salvavidas, hoy tal vez no estuviéramos lamentando la muerte de esas personas. Es una lástima que esto ocurra en un lugar al que cada semana acuden cientos de turistas para disfrutar del bello paisaje y de los innegables atractivos naturales. La informalidad con la que opera el turismo en algunas zonas de Colombia, como en este caso, genera riesgos que luego salen demasiado caros, y cuyas medidas de fondo para evitar nuevas situaciones similares no dan espera.
Además de la mencionada emergencia, el país debe recordar otros hechos infortunados en los que se evidencia que hace rato naufragó el control, como la caída en enero pasado de un puente colgante en el departamento del Meta, que ocasionó la muerte de siete personas. También podríamos recordar los horrendos hechos de Fundación (Magdalena) hace cerca de tres años, cuando murieron 33 niños y un adulto al incendiarse un bus que ni SOAT tenía, y mucho menos revisión técnico-mecánica. ¿Cuántos accidentes con víctimas fatales, en muchos casos niños, hemos tenido en las vías rurales de Caldas, en los que la falta de control de las autoridades de tránsito y transporte tiene su cuota de responsabilidad? Son muy numerosos.
En la situación ocurrida en Antioquia, apenas ahora nos empezamos a enterar de las condiciones precarias en las que zarpaba lleno de alegres turistas El Almirante, adscrito a la flota de Asobarcos, empresa que busca evadir responsabilidades ayudada por la ambigüedad de las normas que no saben dónde ubicarla, si como dedicada al transporte fluvial o como operadora turística. En esto último, por lo menos, Asobarcos no cuenta con el registro que le permita prestar ese servicio en dicho sector del turismo, y el barco hundido no tenía la mínima dotación de salvavidas que se exige cuando se transportan personas.
En este caso, como en muchos otros, las fallas mecánicas y los problemas en la infraestructura y funcionamiento de los vehículos son desencadenantes previsibles de las tragedias. Por eso no se entiende que la Superintendencia de Puertos y Transportes deje que se presten servicios en los que los riesgos para quienes los usan son evidentes. Si las embarcaciones en este caso pasaron las revisiones técnicas hay un problema en la naturaleza misma de esos análisis, porque se les estarían dando licencias y vistos buenos a vehículos de toda clase, incluyendo las embarcaciones, cuando en realidad son potencialmente peligrosas para sus usuarios.
Se necesita más seriedad en la aplicación de los controles para evitar que se repitan estas tragedias, no basta con anuncios al calor de la noticia que luego se diluyan, ni con medidas como la de la provincia turística que se plantea en esa zona de Antioquia. No sea que una nueva tragedia futura devele que la negligencia y la corrupción siguen ganando.
