Las 34 minas que fueron adquiridas por la Gran Colombia Gold en Marmato y que un grupo de mineros locales se ha negado a desocupar tienen en vilo a ese municipio del noroccidente de Caldas. Un mandato legal obligaba hasta ayer a su desalojo, pero el proceso vuelve a quedar en tablas con el pronunciamiento de la Corte Constitucional en el sentido de que la orden de evacuar queda suspendida mientras se desarrolla una consulta previa para determinar qué hacer en el futuro. Todo indica que hubo fallas administrativas y jurídicas cuando se adjudicaron las minas y que tales errores podrían resultarnos muy costosos a los colombianos.
Hasta ayer parecía claro que era un hecho cumplido que la multinacional canadiense tenía todo el derecho sobre las minas, tanto en Marmato (Caldas) como en Segovia (Antioquia). Aunque hace cerca de 10 años se hizo la adjudicación de esas minas, donde se calcula que hay unos 12 millones de onzas del metal precioso, y hubo un primer fallo de la Corte que ordenaba desalojar, la nueva decisión modifica todo el panorama y podría conducir a escenarios riesgosos para el erario. De hecho, ya hay una demanda de la Gran Colombia Gold por 700 millones de dólares (unos $2 billones), debido a que durante este tiempo no pudo ejecutar la explotación, aunque también hay que tomar en cuenta que abandonaron las minas durante varios años, lo que habría anulado los títulos que se le entregaron.
El actual alcalde de Marmato, Julio Vargas Chica, quien era el encargado de ejecutar la orden judicial de desalojo, explica que su inacción se debió a que la salida de los mineros tradicionales de esas minas podría generar un problema social complejo, pues 4.500 personas dependen de esa actividad. Como sea, su administración debe enfocarse en trabajar para ofrecer a los mineros otras alternativas de subsistencia, considerando que es importante avanzar hacia una minería más tecnificada, más eficiente, más segura para los mineros y más amigable con el medio ambiente. Se tiene al frente el desafío y la oportunidad de buscar para los marmateños nuevas opciones económicas, o una minería que sirva realmente a la mayoría de la población. 
Debe entenderse que no es tolerable que se mantengan prácticas antiguas, que además de peligrosas son perjudiciales en distintos aspectos, y que es fundamental avanzar hacia la formalización de la minería, lo cual implica que los mineros cuenten con protocolos y equipos de seguridad industrial que los protejan mejor. Hay que reconocer que hoy se reportan con demasiada frecuencia accidentes en las minas, en las que cada año muchas personas mueren; en el 2015 fueron 12 los fallecidos en los socavones.
Hay un problema adicional, y es que la informalidad reinante perjudica las finanzas de Caldas, ya que gran parte del oro que se extrae se vende en Medellín y no en Manizales u otras poblaciones caldenses, lo que lleva a que buena tajada de las regalías no lleguen a Caldas. Con la formalización se asegura que esos recursos lleguen al Departamento y sirvan para ejecutar proyectos de beneficio general. Además, con métodos más eficientes podrían llegar dineros significativos en menos tiempo.

Queda pendiente que se ejecute lo más pronto posible la consulta previa, y que de acuerdo con el resultado obtenido se tome un rumbo que hacia el futuro se oriente a tener una minería legal y limpia, que sirva para dignificar la vida de los mineros, pero al mismo tiempo para que la minería de Marmato se traduzca en un desarrollo real de la región. Lo más importante es que todas las partes involucradas entiendan que lo definido por las autoridades de justicia debe ser atendido y respetado.