En una democracia es válido que los ciudadanos hagan escuchar su voz cuando tienen algo para decir y no son atendidos. Un mecanismo para expresarse son las marchas, a las que generalmente asisten las personas que tienen profundas convicciones sobre algún tema específico que es compartido por un buen número de gente. Las más significativas y fuertes son aquellas que ocurren casi que de manera espontánea, casi que sin líderes visibles que las impulsen con algún tipo de propósito diferente al que se muestra como fachada.
Para hoy el Centro Democrático está convocando a una marcha para protestar contra la corrupción del gobierno de Juan Manuel Santos. Por lo menos ese fue el mensaje inicial que se envió en el momento en que se hizo la convocatoria. Después se le fueron sumando nuevos motivos como los problemas de la salud, la situación de la economía, la reforma tributaria, los bajos salarios, la muerte de los niños en la Guajira, la implementación de los acuerdos con las Farc y hasta la supuesta entrega del país al terrorismo. Con mensajes de este tipo es fácil que muchos salgan a marchar pensando que no hacerlo es permitir que el país se acabe.
Todo el mundo tiene derecho a marchar por lo que quiera. Ese es uno de los pilares de una democracia como la nuestra, y está bien que se haga si hay convicciones reales sobre eso. Para lo que hay reparos es que la movilización se venda como una iniciativa puramente ciudadana y con argumentos que no son del todo verdaderos, tal y como ocurrió con la promoción del No para el plebiscito del 2 de octubre del año pasado, cuando el Sí perdió por cerca de 50 mil votos en una jornada en la que participaron cerca de 13 millones de colombianos.
Tampoco suena bien que los que impulsan la marcha aparezcan como adalides de la pulcritud y la decencia en la política, cuando también se han visto comprometidos en situaciones bochornosas frente a las cuales no se han dado las suficientes explicaciones. Desde luego que el gobierno de Santos por todo lo que se ha conocido tiene inmensas responsabilidades frente a los problemas que tiene el país y que también ha resultado manchado por la corrupción, pero una cosa es esa y otras es hacerle el juego a una clara intención política de causar una desestabilización, porque hasta la renuncia del Presidente se está exigiendo.
Estamos convencidos de que tienen que pagar por sus delitos todos los involucrados en los hechos de corrupción que se han denunciado, como los relacionados con la constructora brasileña Odebrecht, sean del actual gobierno o de los anteriores. Las investigaciones tienen que hacerse de manera profunda, sin importar quién resulte comprometido, y los organismos de justicia tienen que castigar de manera severa a esos delincuentes, pero la verdad es que muy pocos políticos en Colombia pueden levantar con orgullo sus manos limpias para asegurar que no se han beneficiado de la corrupción.
Quien marche hoy debe revisar muy bien con su conciencia los motivos que lo llevan a manifestarse. Lo fundamental es que sea un ejercicio de libertad plena, expresión democrática auténtica, y no solo para ayudar a que se agudice una polarización caprichosa del país que nos hace mal a todos. Tampoco pueden aceptarse mensajes como los emitidos por algunos opinadores y twitteros en el sentido de que si alguien no marcha hoy es porque también es corrupto y amigo de los terroristas. Ese tipo de discursos incendiarios son el peor veneno en un verdadero ejercicio democrático.