Desde junio del 2016, cuando la Sala Plena de la Corte Constitucional ratificó la ley contra el feminicidio (1761 del 2015), conocida como la Ley Rosa Elvira Cely, en Manizales se han reportado 13 delitos de este tipo que merecen el mayor repudio social. Hay que recordar que este crimen se tipifica ante aquellas circunstancias en las que una mujer es asesinada por su condición de mujer o por su género cuando haya antecedentes de relación de familia o amistad, o que se haya ejercido violencia sexual o patrimonial, entre otros. Las mujeres transgénero también están incluidas.
Por eso hay que resaltar campañas como la impulsada la semana pasada por la Policía Metropolitana para prevenir y educar a la ciudadanía acerca de la urgencia de denunciar todos aquellos hechos con los que se ejerce maltrato a las mujeres. El hecho de que se tenga, además, la participación de la Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género de Manizales ayuda a enfatizar el compromiso de la institucionalidad para hacerle frente a este fenómeno que requiere una mayor conciencia ciudadana y más denuncia. La línea gratuita 123 mujer y género de la ciudad debe ser más y mejor utilizada. Las cifras hasta el momento, en poco más de un año, son de 4 mil 64 llamadas, principalmente de mujeres, denunciando casos de violencia.
Un tema complejo, que necesita una intervención más eficaz desde todas las instancias de trabajo alrededor de este fenómeno, es que la mayor parte de las agresiones a las mujeres provienen de exparejas, quienes ejercen violencias sicológica y física con frecuencia, siguiendo patrones culturales claramente equivocados que tienen que comenzar a ser corregidos desde el mismo seno de los hogares. La entrega de flores como símbolo de buen trato, contrario a las agresiones que las afectan, es un buen signo de cariño y respeto, pero la campaña debe ir al fondo, a las raíces del problema, directamente a lo que pasa en la cotidianidad de las familias y los medios laborales y estudiantiles.
En el 2016 fueron asesinadas en Manizales Piedad Cecilia Betancurt, Luz Andrea Muñoz Cardona, María Custoria Gallego Hernández y María Marleny Gómez Loaiza. En el 2017 las víctimas de feminicidio fueron María Rubiela Franco Montoya, Aleidis María de la Cruz Sotelo, Yésica Katerine Aguirre, Deisy Flórez Rivera, Jury Esperanza Alzate Morales y María Socorro Bedoya Pérez. Y en los que va del 2018 es infortunado reportar que las vidas de Claudia Yazmín Parra Ortiz, María Manuela Giraldo Montes y Beatriz Cuervo Tamayo fueron truncadas por la violencia. Más allá de las preocupantes estadísticas es necesario recordarlas por sus nombres.
La herramienta del violentómetro que los impulsores de la campaña entregan en las calles tiene elementos valiosos para prevenir este delito, el cual puede comenzar de manera aparentemente inofensiva, con hombres que hacen bromas hirientes o piropos soeces, o que indican cómo debe vestirse o maquillarse la mujer, hasta llegar a las agresiones físicas y verbales de todo tipo, pasando por el trato con deprecio, la caricias agresivas y otras conductas de dominación excesiva que humillan a la víctima. Las conductas más leves en este sentido deben prender las alarmas y si van en escalada es necesario denunciar para evitar desenlaces lamentables.

Desde hace varios años ONU Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia vienen expresando su preocupación por el nivel de feminicidios reportados, donde cada año pueden resultar asesinadas por lo menos 600 mujeres, de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Medicina Legal. Lo más grave es la permisividad social estructural y sistemática con la violencia hacia las mujeres, situación que necesita cambios profundos en la cultura, lo cual debe comenzar con cada vez más fuertes herramientas institucionales para la prevención.