La cifra histórica de 4 millones 312.653 firmas que respaldan la consulta anticorrupción, impulsada por las congresistas Claudia López y Angélica Lozano, evidencia que hay una gran preocupación en Colombia acerca de la necesidad de desarrollar una lucha real, sin aguas tibias, en contra de este fenómeno que cada vez causa mayor estupor al conocerse sus prácticas en esferas en las que incluso nunca se pensó que llegaría. Desde que se consagraron los mecanismos de participación ciudadana con la Constitución de 1991, es la primera vez que una iniciativa de este tipo recibe tal cantidad de respaldos.
La responsabilidad de sacar adelante la consulta recae ahora en manos de la Registraduría Nacional y del Senado de la República. La Registraduría tendrá 45 días para revisar las firmas y certificar que, por lo menos, un millón 762.080 de ellas son válidas, y posteriormente el Senado deberá discutir su conveniencia. Esperamos que en estos trámites no surjan obstáculos injustificados, como los que han aparecido ante múltiples iniciativas desde el Ejecutivo y del mismo Legislativo que han buscado atacar la corrupción en forma real. No hay razones para eso, más cuando encuestas recientes, como la de Ivamer-Gallup muestra que después del desempleo y la salud, la mayor preocupación de los colombianos es la corrupción.
La propuesta de consulta que acaba de ser radicada pretende preguntarles a los votantes por siete mandatos muy específicos: eliminar el beneficio de casa por cárcel para corruptos; reducir a la mitad el salario de los congresistas; obligar a todos los políticos electos a rendir cuentas; hacer público su patrimonio, pago de impuestos y conflictos de interés; eliminar la mermelada y obligar a un trámite y contratación transparente del presupuesto público, y sancionar drásticamente a contratistas corruptos. Para que todo esto se concrete se requerirían, por lo menos, 11 millones de votos de respaldo, de tal manera que la gran posibilidad de ponerle freno a los corruptos está en manos de los ciudadanos.
Los hechos alrededor de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, que ahora toca a reconocidos caciques de partidos políticos en el Congreso de la República (Musa Besaile, Bernardo Ñoño Elías, Antonio Guerra, Plinio Olano y Ciro Rodríguez), son apenas una muestra de todas las infortunadas situaciones corruptas que ocurren en el Estado colombiano desde hace bastante tiempo. Hay una infortunada cultura del dinero fácil, del uso de “palancas”, de la práctica del llamado “serrucho” en la administración pública que lleva a que sea urgente atacar la corrupción en todos los niveles. Desde luego que en el largo plazo el objetivo debe ser que una educación adecuada apunte a erradicar todas estas prácticas del comportamiento social, pero en el corto plazo tienen que adoptarse medidas de choque sancionatorias que le pongan freno de manera rápida y eficaz.

Puede ser cierto que los problemas de corrupción ahora son más visibles, gracias a que el conflicto armado que antes ocupaba la mayor parte de la agenda pública ya, prácticamente, ha desaparecido, pero eso también exige pasar de la retórica a los hechos. No basta con proclamar desde el Gobierno que se va a luchar a fondo contra los corruptos, si se siguen hundiendo en el Congreso las ideas que apuntan a fortalecer esa lucha. En este mismo sentido, resulta fundamental que en la legislatura que acaba de comenzar se apruebe una reforma política seria y consistente que apunte a evitar el ingreso de dineros ilegales y a cerrarle el paso al clientelismo, en general, que es el gran aliado de la corrupción que nos rodea.