Como es de esperarse, situaciones legales pueden terminar impidiendo que los desmovilizados jefes de la exguerrilla de las Farc se presenten como candidatos, como son sus pretensiones. El pasado viernes, la Comisión de Seguimiento de Delitos Electorales, creada por la Ley 1864 del 2017, advirtió que dichas personas no podrían inscribirse para aspirar en las próximas elecciones, por no contar con el certificado de antecedentes disciplinarios que se les exige a quienes acuden a la Registraduría Nacional del Estado Civil a realizar esta diligencia.
La Comisión, que se instala por primera vez desde que fue creada, está conformada por los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado, el Registrador, el Fiscal General, el Procurador, el Contralor, la Policía, el Ministerio de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. Sus miembros recordaron que solo pueden inscribirse quienes entreguen el certificado de antecedentes disciplinarios "con mención de carencia de inhabilidades y de suspensión de derechos políticos, por parte de la Procuraduría". Ese requisito no lo cumplirían los aspirantes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) anunciados esta semana.
Vendrán discusiones alrededor de cómo solucionar este impasse, en lo cual el Gobierno Nacional, el Congreso de la República y hasta la Corte Constitucional tendrían que intervenir. El hecho de que en el Acto Legislativo para la Paz se hayan suspendido las condenas en contra de los jefes desmovilizados de la guerrilla no evita que en los certificados de la Procuraduría quede constancia de sus deudas con la justicia. Además, la misma Ley 1864 creó el nuevo tipo penal de elección ilícita de candidatos, lo cual significa que si una persona se lanza a algún cargo de elección popular, pese a estar inhabilitada, tendría una pena de 4 a 9 años de cárcel y una multa de 200 a 800 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Ahora bien, independientemente de lo que pase con este obstáculo, lo cierto es que llama mucho la atención que la FARC se haya decidido a lanzar como candidato a la Presidencia a Rodrigo Londoño, "Timochenko", después de que habían dicho que el exjefe guerrillero no aspiraría a ese cargo. Además del enorme error político de mantener la misma sigla de la guerrilla para denominar su nuevo partido político, tampoco se entiende el afán de lanzar desde ya candidaturas en las que aparece casi todo el viejo Secretariado. Definitivamente, siguen demostrando su desconexión de la realidad del país y su obtusa visión del panorama político.
De la misma manera, al presentar a Londoño como candidato presidencial, con fórmula vicepresidencial a bordo ya definida (Imelda Daza), y como cabezas de lista para el Congreso de la República a Iván Márquez y Jesús Santrich, además de Pablo Tatatumbo, Carlos Lozada, Victoria Sandino, Criselda Lobo y Benkos Biojó, pareciera que los líderes de la FARC quisieran desafíar al país, cuando todavía no se aprueba en el Congreso la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y, por tanto, aún no tienen garantizada la posibilidad de participar en política. Es verdad que es mejor tenerlos buscando votos que cometiendo crímenes en las regiones de Colombia, pero suena desafiante su lista de candidatos a estas alturas.

Lo que menos gusta de su actitud es que basen sus aspiraciones políticas bajo la falsa premisa de que ellos no son responsables de crímenes, y que sigan con la pretensión de no reconocer que asesinaron a muchas personas durante los años de guerra. Se necesita que se apruebe una JEP muy consistente y precisa que garantice que cuenten toda la verdad, que reparen a las víctimas y que no vuelvan a delinquir, y que además solo les permita ocupar cargos de elección popular cuando hayan cumplido con las sanciones que la justicia transicional les imponga.