No es restándoles importancia como el Gobierno Nacional y la Fiscalía van a lograr que disminuyan las amenazas contra la libertad de prensa que se ciernen en los últimos días. Se han incrementado las intimidaciones a periodistas regionales y nacionales y es una tendencia que, de acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), se ha mantenido en los últimos años. De 59 casos documentados en el 2016 la cifra ascendió a 129 en el 2017 y llega ya a 89 en apenas medio año del 2018.
Las amenazas se siguen dando con tanta tranquilidad en nuestro país porque pocas veces se han investigado con seriedad o se ha llegado a los causantes del amedrantamiento. "Mientras los criminales sigan en la calle y no se sientan intimidados por el peso de la justicia, este panorama difícilmente podrá cambiar", se quejaba en el 2012 un director de la Flip que mostraba los problemas técnicos de la Fiscalía para investigar las amenazas contra los periodistas, los mismos problemas que hoy perduran.
De acuerdo con el informe de la Flip, Estado Depredador, la amenaza es históricamente la agresión más frecuente contra la libertad de prensa en nuestro país, pues en muchos casos logra su efecto de silenciar al periodista, que debe proteger su vida. Lo dijo premonitoriamente antes de ser asesinado el subdirector de LA PATRIA Orlando Sierra Hernández en el 2002: "Tratar de silenciar o acallar a los medios de comunicación es un acto doblemente terrorista, porque es al miedo infundirle el silencio". Porque lo que está en juego con este miedo que se intenta sembrar en quienes comunican la verdad es que la sociedad no se entere de lo que necesita saber. Tiene en riesgo su derecho a estar informada.
Se tiene identificado que la mayoría de denuncias de amenazas se encuentran olvidadas o perdidas en los anaqueles de las oficinas del ente acusador. Y precisamente esa impunidad de las personas que se atreven a amenazar es lo que provoca que otros se sientan con la libertad de hacerlo. No tomar en serio estas situaciones solo lleva a que se les dé cierto estatus de "normalidad", que supone graves distorsiones a los criterios éticos con los que debe funcionar una sociedad. No se exagera cuando se revelan estas amenazas ante la opinión pública, ya que el contexto evidencia la desprotección sufrida por los comunicadores durante décadas, y es necesario entender el impacto negativo que esto representa para el sano desarrollo de una democracia.
Las amenazas de los últimos días a periodistas como María Jimena Dussán, Yolanda Ruiz, Jorge Espinoza, Juan Pablo Latorre, Jineth Bedoya, personal de La Silla Vacía y a periodistas regionales como Catalina Vásquez en Medellín, Jhanuaria Gómez en Segovia (Antioquia), Laura Montoya en Mocoa y Ricardo Ruidíaz en el Magdalena Medio, y tantos otros en el Catatumbo, Santander, Nariño y otros territorios demuestran que se trata de un hecho que se extiende en el país y no es un caso puntual. Esto se da en un clima de violencia contra líderes sociales y en un momento en el que previamente la Flip ha denunciado el desmonte de esquemas de seguridad a periodistas que lo necesitan de la Unidad Nacional de Protección.

Por todo esto, esperamos que por una vez se atiendan los llamados de estos periodistas, de organizaciones como la Flip y AMI de que se llegue hasta el final con las investigaciones. Solo así se podrá empezar a generar un clima propicio para defender la libertad de prensa en Colombia y evitarnos la violencia que ya se vivió en otras épocas y que también empezó con amenazas extendidas.