Desde mediados del siglo pasado los homicidios han acompañado la cotidianidad de los colombianos. El bandolerismo, el nacimiento de las guerrillas y posteriormente la expansión del paramilitarismo llevaron a que la violencia, de manera gradual, se consolidara como parte esencial de nuestra realidad, al punto de que un sector de nuestra sociedad pareciera haberse acostumbrado a ella. No obstante, desde la década pasada con la desmovilización de los paramilitares empezaron a descender las cifras exorbitantes de asesinatos a las que se llegó y hoy la tendencia es a seguir bajando.
En su balance sobre lo ocurrido durante el 2017 en esa materia, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, mostró las cifras según las cuales las estadísticas de violencia en el país son las más bajas en cuatro décadas, por lo menos en lo que tiene que ver con los homicidios. Con respecto al 2016 se tendría una baja de 320 casos, lo que significará que la tasa estará por debajo de 24 homicidios por cada 100 mil habitantes. Si bien estas estadísticas siguen altas con respecto a la media mundial (5,3 homicidios por cada 100 mil habitantes), sí es un gran logro, tomando en cuenta que en la década pasada se llegó a la vergonzosa cifra de 60 homicidios por cada 100 mil habitantes.
De hecho, hoy en el país ocurre un fenómeno del que nunca antes se tuvo noticia y es que en 310 municipios, cerca de la tercera parte de Colombia, no se registran asesinatos este año. Inclusive, algunas de estas localidades pertenecen a departamentos como Nariño y Norte de Santander, donde persiste la violencia. Un excelente ejemplo de la tranquilidad que puede alcanzarse es el de Boyacá, que este año tiene una tasa de 6 homicidios por cada 100 mil habitantes, casi el mismo nivel internacional. La rebaja global de las muertes violentas en el país es del 10% con respecto al 2016, lo que indica que el balance de seguridad es positivo, pero la realidad es que la tasa de homicidios aún está bastante lejos de lo ideal.
Este buen balance es, sin duda, reflejo del fin de las Farc como grupo armado, y hasta del cese del fuego bilateral con el Eln, que si bien es frágil ha permitido que se eviten numerosas muertes violentas. Valdría la pena, por esto, que no solo se cumpla con este acuerdo hasta enero próximo, sino que inclusive sea ampliado con los ajustes que sean necesarios, garantizar que se desactive el conflicto con esa guerrilla, y que se avance de manera más rápida hacia la firma de un acuerdo de paz que desarme a los elenos. También hay que buscar que se cumpla el sometimiento a la justicia de las bandas que, como el Clan del golfo, también es responsable de numerosas muertes.
Por todo esto es que duelen tanto hechos como el ocurrido el pasado viernes en Chinchiná (Caldas), cuando una mujer no solo arrojó a un canal de aguas a una niña de 4 años de edad, sino que intentó robar una menor de un mes de nacida. Son ese tipo de situaciones las que evidencian que en nuestra sociedad hay una infección de violencia que hay que atacar no solo con la presencia de las fuerzas militares, sino con las herramientas de la prevención que tienen sus bases en la educación y la cultura.

Es importante que se esté pensando en estrategias como el Plan Orus, con el que 63 mil uniformados estarán en 67 municipios y 595 veredas del país caracterizadas por la inseguridad, pero la presencia del Estado tiene que ir mucho más allá, y lograr sembrar paz estable y duradera con oportunidades legales y productivas para el desarrollo social y económico de las familias colombianas.