En menos de 15 días el país ha conocido, por lo menos, tres casos funestos en los que se aprecian vergonzosos casos de corrupción que evidencian hasta qué punto nuestra sociedad está enferma y requiere tratamientos de choque que no dan espera. Son situaciones en las que quienes deberían ser ejemplo, quienes deberían transmitir transparencia y honradez aparecen como los grandes villanos, como lo peor que pudo haber surgido de nuestra sociedad. Los protagonistas de estas oscuras historias representan esa sal corrupta que amenaza con envenenarnos a todos y frente a la cual hay que reaccionar con contundencia y evitar que dicho cáncer nos siga carcomiendo.
Primero fue la caída del líder anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, Luis Gustavo Moreno, quien fue grabado por agentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de la DEA estadounidense en Miami, cuando recibía un soborno de 10 mil dólares por ayudar al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, quien busca beneficios legales. Lo peor es que hoy se conoce que antes de llegar a la Fiscalía Moreno había prestado asesoría jurídica a muchos políticos acusados de corrupción, lo cual lo hacía incompatible para ocupar un cargo con tan seria responsabilidad. Para cerrar tan lamentable cuadro hoy se sabe que la esposa de Moreno fue detenida en el 2011 en el aeropuerto El Dorado cuando pretendía salir hacia Francia con drogas ilícitas, lo que demuestra la estatura ética de quien pretendía defender al país de los corruptos.
Un segundo caso lamentable es el de los magistrados del departamento del Meta, quienes otorgaban beneficios judiciales a peligrosos líderes de Bandas Criminales, a cambio de jugosas coimas. Esta práctica delincuencial ya había traspasado las fronteras de ese departamento, y en Cundinamarca también se tienen evidencias de esta red corrupta de jueces y magistrados al servicio de las Bacrim. Los juristas Raúl Hernán Ardila, Eduardo de Jesús Renzo Ovalle Baquero y otros 19 funcionarios de la justicia y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fueron detenidos acusados de ayudar a estas mafias. Recibían a cambio de sus censurables conductas entre $60 millones y $80 millones. 
Como si fueran pocos estos escándalos, el secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, está detenido acusado de entregar información privilegiada a líderes de la Oficina de Envigado, dedicada al narcotráfico. Como quien dice, en la capital antioqueña, aparentemente, el ratón se dedicaba a cuidar el queso. Aunque Villegas no aceptó los cargos que se presentaron en su contra por el delito de concierto para delinquir agravado, la Fiscalía asegura que cuenta con material fotográfico e interceptaciones de llamadas que sustentan sus actos criminales. El hoy exsecretario pretendía, al parecer, ayudar a estas estructuras delincuenciales para obtener beneficios en un proceso de sometimiento a la justicia que se estaría llevando a cabo por debajo de la mesa.
En todos estos casos se golpea de manera grave la credibilidad de la justicia y la legitimidad de autoridades que manejan temas de seguridad y de supuesta lucha contra el crimen. Es la sal corrupta que nos deja perplejos y que nos exige como sociedad actuar con claridad y contundencia para no dejar prosperar más actos vergonzosos que nos llenan de pesimismo. 

En todos estos hechos caben responsabilidades políticas de quienes patrocinaron la llegada de estos funcionarios corruptos a cargos tan importantes, y también debe responderse desde los tribunales y órganos de justicia por el nombramiento de jueces y magistrados como los comprometidos en Meta y Cundinamarca. El país no puede seguir tolerando que quienes están llamados a ser adalides de la autoridad moral sean quienes den el peor ejemplo a la sociedad. Eso mina las bases de cualquier sistema democrático que pretenda ser mínimamente serio.