Ya hay bastante desconfianza de un amplio sector de los colombianos sobre los logros del Acuerdo de Paz de La Habana entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), como para sembrarle a este tortuoso camino más espinas, por cuenta de las dudas que se han dado de la inversión en los proyectos de paz y los fondos destinados para ello. La alarma puesta primero por los embajadores de Noruega, Suecia y Suiza, y luego por la Contraloría General de la República son importantes llamados de atención. La respuesta tiene que ser contundente, mostrar a la opinión pública las cuentas claras, una a una y con los resultados.
La transparencia debe ser el primer paso en la ejecución de los recursos que lleguen para implementar los acuerdos, tanto los del Fondo Colombia en Paz, como los demás que se han destinado para el llamado posconflicto y que se calculan en 3,5 millones de dólares.
En un Estado burocrático como el que tenemos, en el que se cree que se necesitan asesores de los asesores, mucha corrupción se da inocentemente, porque consideran que hay que llenar de funcionarios bien pagos los despachos para diseñar las estrategias, y luego lo que queda para la ejecución puede ser apenas una porción de todo lo destinado. Sin conocer el fondo de las investigaciones, seguro habrá mucho de esto, pues así se ha caracterizado por gobernarse el país desde la centralidad. Y este puede ser el mayor error. Se tiene que evitar que como tantas otras cosas que prometían ser un éxito en Colombia terminen en un fiasco por cuenta de la corrupción y el desorden.
Corresponderá a las autoridades resolver pronto qué es lo que está pasando con estos dineros, tan escasos y tan difícil de alcanzar para regiones como Caldas, a donde no llegan, y tales resultados tienen que darse pronto. Se deben mostrar las obras y las ejecuciones, en qué y cómo se invirtió. Llevar a buen término la aplicación de los acuerdos de paz puede tardar años y está permitido meter los pies en las puestas en marcha, pero lo que no se puede aceptar es que se le meta la mano a los fondos que pretenden sacar del atraso a regiones enteras afectadas por el conflicto armado.

Es una lástima que a las dificultades propias de la implementación de los acuerdos, a las discusiones políticas por cuenta de las diferencias sobre los resultados de ese acuerdo, ahora se tengan que sumar las dudas de si los recursos se están invirtiendo para lo que son y de manera eficiente. La Procuraduría también anunció investigaciones, sobre todo en la puesta en marcha de la Justicia Especial para la Paz, que se ha hecho en buena parte con recursos de la ONU. No importa el origen de los recursos, sean del Presupuesto Nacional o de la cooperación internacional. Se tiene que garantizar que van a cumplir su función.