Las condenas penales corresponden, aunque no lo parezcan, a una visión que buscaba humanizar el ejercicio de la venganza. Así tan crudo como suena. Era la mejor manera de dejar atrás la llamada Ley del Talión o las leyes de destierro que siempre se consideraron infames o el envío de prisioneros a esas mazmorras en las que casi nadie sobrevivía. Sin embargo, la República con su división de poderes trajo como una buena forma de civilidad el proceso justo. Que un poder alejado del monarca fuera el que decidiera sobre el futuro de quien merecía un castigo.
Las condenas penales son de alguna manera una ficción jurídica de compensación. No habrá pena posible que devuelva la tranquilidad a los dolientes de un asesinado. Jamás se sentirá resarcido en sus derechos aquel que sufrió la pérdida de un objeto valioso a manos de un ladrón, y que no pudo recuperar. No hay manera de que alguien se sienta reparado completamente con la condena, por escarmentosa que sea, por el mal que le han causado. No obstante, fue la mejor manera que encontró el Estado para asumir el poder de venganza. Quitárselo a los gobernados para que dejáramos de cobrar por propia mano, y asumido ese derecho en un marco jurídico y legal, ser el juez natural de los gobernados.
Es un acuerdo social en el que todos aceptamos que así sea. Sin embargo, la criminalidad impone retos muy complejos a la legislación sobre lo penal. A esto suma que los políticos se fueron enterando que batir la promesa de penas más severas era una buena forma de ganar votos. Con esto, lo que hemos construido es un sistema penal sin ninguna lógica que responda a la política criminal de un Estado. Así han pasado cosas como que llegaron a imponerse en su momento penas más severas por crímenes diferentes al homicidio, cuando este se castiga por afectar el bien tutelado más preciado que puede tener cualquier persona, la vida. Luego, con el fin de hacer más eficiente la justicia y ahorrarse horas de investigaciones y de procesos, se incorporó el principio de oportunidad, con lo cual se dejó en manos de jueces y fiscales la valoración de sus aportes para reducir penas si así se estimaba, volviendo la justicia una transacción.
Por esas razones es que cuesta entender que el Estado representado por sus funcionarios no entienda muchas veces lo que significa esa potestad. Que pasen por alto la función disuasoria de la pena. De acuerdo con la teoría criminalística, al imponer condenas ejemplares a quienes violan la ley, sirve para que otros lo piensen dos veces antes de incurrir en conductas ilegales. Sin embargo, lo sucedido con el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, esta semana, al recibir una mínima condena y no verse obligado a devolver todo el dinero del que se le acusa apoderarse, que es lo mismo que ha sucedido en otros delitos y con otros protagonistas, demuestra que sigue Colombia siendo débil en el manejo de su política criminal.

Así se envían mensajes muy confusos a la sociedad, desde quienes pueden interpretar que el crimen paga hasta quienes consideran que se puede delinquir para después transar con el Estado. Esta no es la manera que se logra construir una Nación eficaz y creíble. Por eso, la Política Criminal sigue en deuda, Gobierno tras Gobierno, y no se ven las propuestas claras para recuperarla, a pesar de ser una necesidad sentida.