Diversos intentos se han hecho durante las dos últimas décadas para solucionar el grave problema de hacinamiento en las cárceles colombianas. Después de que se denuncian las situaciones anómalas llegan los anuncios de cambios profundos y definitivos para dejar en el pasado tan indignas situaciones en las que los internos se ven obligados a pasar los días. Transcurre el tiempo, y cuando la opinión pública ya no se ocupa de tales problemas el ímpetu para dar las soluciones se contrae y la crisis se vuelve a agrandar hasta que se vuelve a decir que es una realidad intolerable.
Esta semana se conoció que en la cárcel La Blanca de Manizales el sindicato de empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, se niega a recibir más presos, debido a que el penal fue hecho para albergar a 670 personas y actualmente cuenta con 1.539 internos, lo que significa que un espacio de 2,3 metros por 2,8 metros es compartido por cuatro reos. De ese total 400 están sindicados de delitos, mientras el resto ya recibieron condena. La situación es más difícil los fines de semana, cuando se tiene la visita familiar y la cantidad de personas en las instalaciones se eleva mucho más, lo que genera riesgos de todo tipo.
Mientras que no se solucione este problema se determinó que los detenidos serán llevados a los calabozos de la Sijín y a las celdas de las estaciones de Policía, espacios que tampoco cuentan con las condiciones mínimas para la permanencia de los detenidos. Esto plantea una emergencia carcelaria en la ciudad, la cual se suma a la que ya ha sido denunciada en otras regiones de Colombia. Hoy el promedio de hacinamiento en el país es del 51,7%, que es bajo con relación a lo que pasa en Manizales, donde ese porcentaje llega al 130%. En el resto de Caldas la situación es parecida, con un espacio para albergar a 2.845 internos y una población carcelaria de 4.151.
El llamado 'Plan reglamento' que adelanta el sindicato del Inpec apunta a que se tenga que declarar la emergencia carcelaria, la cual debería surgir cuando se sobrepase el 20% de hacinamiento, hecho que fue superado con amplitud hace ya bastante, si se tiene en cuenta que la capacidad total es para 78.418 presos y actualmente se tienen 119.609 personas confinadas con medida intramural en Colombia. El problema aqueja a 84 penitenciarías en todo Colombia, donde los internos en lugar de hallar opciones de rehabilitación se encuentran con verdaderas escuelas del crimen y ambientes absolutamente degradantes e inhumanos.
De acuerdo con la Procuraduría Nacional, en 1996 se tenían 44.398 prisioneros, y en el 2012 ya eran 116.848, crecimiento de población para el cual la infraestructura no sufrió mayor cambio. Así las cosas, estamos ante una verdadera bomba que podría explotar en cualquier momento. A todo esto hay que sumar que los empleados del Inpec alegan que el Gobierno Nacional no les ha cumplido compromisos que tienen que ver con su sistema salarial y pensional pactados hace dos años.

Es necesario que se retome la intención de dar una solución estructural a tan grave problema, pues no de otra manera es posible frenar la crisis humanitaria que ha venido en crecimiento año tras año. Para ello es necesario ampliar los cupos, lo que significa habilitar nuevas cárceles; pero al mismo tiempo que las autoridades locales asuman su obligación de establecer lugares para confinar a los sindicados. De la misma manera, habría que comenzar a enviar menos personas a los sitios de reclusión. En esto podría ser útil la nueva Ley 1826 de 2017 (de Procedimiento Penal Abreviado o de Pequeñas Causas), aunque no se anticipa que pueda llegarse fácilmente a los niveles esperados. Lo ideal sería, en realidad, que cada vez en Colombia haya menos delincuencia, pero según las estadísticas no podemos ser muy optimistas frente a eso.