Independientemente de quién sea el autor del ataque, es indignante para el mundo civilizado que en la guerra de Siria se eche mano de las armas químicas para generar temor al mundo entero. Aunque Rusia afirme que esas armas pertenecían a los opositores del gobierno sirio y que se activaron en un ataque dirigido a rebeldes, la comunidad internacional ha condenado con toda energía la actuación del régimen de Bachar Al Asad, quien ordenó el bombardeo con gas sarín en la localidad de Jan Shijún, de unos 75 mil habitantes, donde murieron 72 personas, entre ellas 20 niños.
Es en verdad un acto intolerable a estas alturas de la historia, cuando hay tantos protocolos y tratados internacionales que prohíben el uso de estas armas, como la Convención sobre las Armas Químicas y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (Opaq). En este tipo de actos la más afectada es la población civil, con lo que se violan totalmente los principios de distinción y proporcionalidad consagrados en el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Además de constituir un gravísimo crimen de guerra, un hecho atroz que merece el repudio general, es un duro golpe a los supuestos acuerdos de alto al fuego a los que se había llegado.
Ahora es necesario que se establezca con total precisión quiénes fueron los responsables del uso de estas armas prohibidas y que los organismos internacionales que regulan su utilización avancen en la imposición de sanciones. Si era cierto que los rebeldes tenían estos depósitos ilegales de químicos para fabricar bombas, se tiene que adoptar una posición férrea frente a tales actitudes y castigar a los responsables; y de establecerse que en realidad lo hicieron las fuerzas del gobierno de Al Asad la condena internacional tiene que ser igualmente vigorosa. Esta es la degradación total de la guerra que debe tener freno inmediato.
Como sea, el mundo no puede quedarse solo como espectador cuando hay una guerra en la que existe la voluntad de usar armas ilegales, que dañan al propio pueblo de un país. No podría admitirse que el mismo gobierno sea el que esté asesinando de esta manera a ciudadanos indefensos, y ante esto la comunidad internacional debería comenzar un proceso de juicio político que conduzca a cambios reales en ese conflicto. Incluso tampoco sería tolerable que el gobierno ruso esté mintiendo solo con el objetivo de proteger a Al Asad.
Hasta sería pertinente exigirle a Rusia que no facilite más sus aviones para este tipo de bombardeos, y lograr que las potencias que tienen interés en el fin de la guerra en esta zona del Medio Oriente presionen una salida política, en la que Al Asad abra las posibilidades de permitir la llegada al gobierno de otras fuerzas, a través de un ejercicio democrático en el que él también podría ser reelegido. Mientras que en ese país no se avance hacia el reconocimiento de unas minorías que también tienen derechos políticos será prácticamente imposible salir del conflicto armado. En el fondo hay un asunto de legitimidad.
Hay que recordar que no es la primera vez que en esta guerra se acusa a Al Asad de usar armas prohibidas, y aún no se toman decisiones contundentes. Desde el 19 de marzo del 2013 se han reportado seis ataques con gases tóxicos, atribuibles al régimen sirio. Es el momento en el que el Consejo de Seguridad de la ONU debe actuar sin ambages. No sería aceptable que nuevamente, como pasó en febrero, Rusia y China veten la resolución que en este caso debe imponer sanciones fuertes. Si no hay medidas serias se estaría dando un consentimiento a estas prácticas aberrantes.
