Un total de 11 proyectos de ley se tramitarán en el Congreso de la República, con mensaje de urgencia, orientados a atacar los problemas de corrupción en el país y ajustados a lo que pedía la Consulta Anticorrupción del pasado 26 de agosto, votada por 11 millones 670 mil colombianos. Adicionalmente, se rescatan temas de la reforma política y la reforma electoral que se hundieron en la pasada legislatura y dos iniciativas más de la Procuraduría y de la Fiscalía que anexan puntos clave para cerrarles el paso a los corruptos, y castigarlos con mayor severidad.
Hay que ponderar el liderazgo del presidente Iván Duque Márquez, quien rodeado de representantes de todos los partidos políticos, sin discriminación alguna, se comprometió a impulsar estas iniciativas en la corporación legislativa, en la que se espera que avancen sin mayores inconvenientes. Ese debe ser el resultado de lograr conciliaciones antes de llevar las iniciativas a las comisiones y a las plenarias, con lo que el Congreso enviará un claro mensaje de voluntad real de cambio, de autorregulación, de respeto a la legitimidad del clamor de tantos millones de colombianos que están hartos de los hechos cotidianos de corrupción que nos afectan.
Muy interesante la idea de crear una mesa técnica, liderada por el Ministerio del Interior, con la presencia de delegados de todos los partidos, y llegar así a consensos acerca de lo que deberá ser votado en Senado y Cámara, para que en diciembre tengamos nuevas leyes que sean contundentes en esta materia. Ojalá se cumpla la meta de tres meses que se puso el Gobierno Nacional para ejecutar esta importante tarea, que se convertirá en el mejor comienzo para la administración de Duque. Es justo reconocer que el mandatario viene demostrando su perfil de estadista y demócrata al permitir que incluso los miembros del partido Farc participen en las deliberaciones, lo cual también empieza a dar tranquilidad acerca de que los acuerdos con esa exguerrilla no serán hechos trizas, como alguien desatinadamente proponía.
Es evidente que la lucha contra la corrupción no puede tener color político, y que se necesita el compromiso y voluntad para que empecemos a ver resultados positivos y que hay esperanza de que se dejen de perder cada año $50 billones que dice la Contraloría nos cuestan a los colombianos los negociados que se hacen por debajo de la mesa. Esos dineros puestos al servicio del desarrollo del país podrán generar un renovado optimismo que, sin lugar a dudas, es el mejor combustible para la economía y para el progreso integral de las comunidades. 

Esta es una gran prueba de fuego para los partidos políticos y para el propio Ejecutivo, porque el gran desafío es pasar de las buenas intenciones a la realidad de normas que les cierren toda posibilidad a los corruptos de seguir desangrando el erario. Efectivamente hay que dejar de lado las vanidades y también las agresiones que tratan de dividir al país entre buenos y malos, para avanzar hacia acuerdos en asuntos fundamentales que nos afectan a todos, independientemente de las ideologías, y que necesitan determinaciones de fondo. Si esto sale bien, se habrá generado un nuevo paradigma acerca de la posibilidad de lograr acuerdos vitales en otras materias en las que el país también necesita avanzar con rapidez, como por ejemplo la necesaria reforma de la justicia.