Analistas de los fenómenos de violencia y hasta voceros del Gobierno Nacional y de entes como la Fiscalía General de la Nación reconocen que los homicidios en Colombia llegaron a un punto en el que es difícil bajarlos más, debido a los enfrentamientos entre las mafias que dejan muertos todos los días en el país. De hecho, según cifras de la Policía Nacional, en el primer trimestre del 2018 se contabilizaron 2.450 crímenes, de los cuales 1.131 fueron perpetrados por sicarios, lo que conduce a pensar que los móviles estaban relacionados con ajustes de cuentas.
En la tarde del pasado jueves se descubrió en zona rural de Manizales un hecho de sangre que todavía nos tiene perplejos, ya que hacía por lo menos una década no se daba una situación de violencia de tales proporciones. Cuatro hombres fueron hallados muertos con tiros de gracia en la frente, luego de ser amordazados, en una tipología de crimen que encaja en las más terribles prácticas de la peor delincuencia organizada. Aunque las autoridades, por ahora, solo lanzan hipótesis acerca de los móviles exactos que pueden tener tales homicidios, hay serios indicios que llevan a pensar que en los hechos hay vinculación de turbios negocios del bajo mundo.
El llamado microtráfico sería la raíz del problema que manchó de sangre la vereda La Garrucha del corregimiento Alto Lisboa de esta capital, en un hecho salido de toda proporción. Es conocida la lucha territorial que libran bandas de expendedores de alucinógenos en los barrios de las ciudades, como Manizales, y es evidente que en las áreas rurales también ocurre esta clase de confrontaciones, pero la masacre de cuatro personas es síntoma de la enorme ventaja que este problema tomó frente a los necesarios controles y sanciones a quienes inundan con drogas nuestros barrios y veredas.
Si bien el trabajo de la Fuerza Pública se ha ido volcando hacia el ataque a las bandas delincuenciales, situaciones como esta dejan al descubierto que la estrategia aplicada se está quedando corta, y que es urgente adoptar medidas para frenar este fenómeno que no solo les roba el futuro a nuestros niños y jóvenes, por medio del fomento de consumo de drogas, sino que vuelve a muchos otros delincuentes al servicio de las mafias, a lo que se suma una larga estela de asesinatos que generan estupor y miedo, más en lugares tradicionalmente tan tranquilos como Manizales y sus alrededores.
Hoy se recuerda que el 5 de marzo del 2008, en la vereda El Chuzo, de Manizales, un pelotón del Ejército fue el responsable de matar a cinco personas y una mujer, que supuestamente pertenecían a la subversión. Después se descubrió que era una ejecución extrajudicial correspondiente a los llamados "falsos positivos" en los que incurrieron sectores de la fuerza pública para mostrarlos como resultados de enfrentamientos con grupos armados ilegales. Esos episodios, por fortuna, no volvieron a ocurrir en esta región, y esperamos que se queden solo como un pésimo recuerdo.

Resulta urgente que las autoridades civiles, policiales y militares desarrollen un trabajo conjunto con organismos investigativos como la Fiscalía, para que se frene la penetración en territorio caldense de bandas que se dedican al microtráfico y otros factores de violencia que enrarecen el ambiente y causan terror en la gente. También es fundamental que las comunidades denuncien las situaciones anómalas, más cuando las principales víctimas de las acciones de estos delincuentes son niños y jóvenes. Desde el Gobierno Nacional también se requieren estrategias integrales que apunten a que toda la cultura de la ilegalidad sea desterrada de Colombia.