Hace un año, la Contraloría General de la República, hizo fuertes reparos al Plan de Alimentación Escolar (PAE) en todo el país, debido al inconstante flujo de recursos, recortes en los presupuestos, problemas de corrupción y falencias en el seguimiento que debe hacer el Ministerio de Educación. Estos planes son catalogados como estratégicos para tener estudiantes que puedan rendir en las aulas de clase y para evitar la deserción, que es mayor en las franjas de población con menores recursos económicos.
Es decir, cuando hay fallas en la alimentación escolar se va en contravía de la calidad y de la cobertura educativa que se necesita para avanzar en equidad y competitividad como país. Esas razones básicas deberían llevar a proteger de forma minuciosa y profunda estos programas para que nunca fallen, por las implicaciones negativas que una sola equivocación tiene. Eso parece ser lo que no tuvo criterio de prioridad en el caso de los colegios de Aguadas, Pácora, Aranzazu y Salamina, donde una licitación declarada desierta por falta de proponentes, tiene a 6 mil 276 estudiantes sin el programa de alimentación escolar en este segundo semestre.
Desde hace varios años hemos insistido en la necesidad de establecer mecanismos que aseguren que desde el primer día de clases los estudiantes caldenses tengan los servicios de alimentación y de transporte, sin falta. Hay que reconocer que durante la actual Administración Departamental se han hecho esfuerzos para cumplir ese propósito, y que incluso el nuestro es de los mejores PAE del país, pero lo ocurrido ahora demuestra que hubo fallas de coordinación para lograr ese objetivo en los municipios del norte caldense, en algo que debería tener siempre un seguimiento que asegure que el programa nunca se interrumpa. El año pasado se tuvo la disculpa del extenso paro de maestros que cambió todas las dinámicas escolares, y que afectó de manera grave a los estudiantes, pero esta vez la imprevisión es innegable. Ante la realidad, es fundamental que se acelere el nuevo proceso licitatorio y muy pronto se adjudique ese contrato para tratar de reparar el daño. Hay que reconocer que en todo el resto del departamento el servicio funciona bien, pero no puede desconocerse el gran lunar que esto implica para el propósito de posicionar a esta región como aquella en la que lo educativo es prioridad.
Es paradójico que pese a tenerse los recursos económicos para prestar de manera adecuada el servicio, numerosos niños y jóvenes tengan que pasar el día sin almuerzo, y con solo refrigerios, lo que necesariamente va a afectar su nutrición y su rendimiento académico. Algunos podrían desmotivarse y no regresar a las aulas hasta tanto puedan contar con el programa de alimentación completo que, si todo sale bien, estará funcionando después de la segunda semana de agosto próximo.
En el caso de Manizales preocupa que el programa de alimentación escolar esté sujeto a problemas burocráticos que llevaron a la salida de la coordinadora que había logrado que el PAE fuera calificado como ejemplar. Ojalá que esto no tenga consecuencias en el inmediato futuro, ni más adelante, que afecten a los alumnos de las instituciones de educación pública en la ciudad. Si bien no puede decirse que aquí hay corrupción con los restaurantes escolares, siempre hay que estar muy atentos a que no aparezcan fenómenos como de otras regiones. La pulcritud y la transparencia en el manejo de los recursos para la alimentación de los niños tienen que ser imperativos inquebrantables.
Estos asuntos vuelven a poner sobre la mesa la conveniencia de que el PAE no sea manejado desde las secretarías de Educación. Ya en el pasado se ha dado esta controversia, impulsada por los propios gobernadores colombianos, quienes consideran que el Ministerio de Educación debe darle un manejo desde otras instancias, que incluso involucren más a las propias comunidades beneficiarias.
