El pasado 23 de julio se tenía previsto el cierre de la convocatoria para el proceso de Alianza Público Privada (APP) con el propósito de ejecutar el rescate del tesoro sumergido en el mítico Galeón San José, hundido cerca de Cartagena a unos 300 metros de profundidad. No obstante, una acción popular ante el Tribunal Superior de Cundinamarca nacida de considerar que el Gobierno Nacional estaba abriendo la posibilidad de que parte de ese patrimonio se vendiera, llevó a que el presidente Juan Manuel Santos optara por suspender el proceso a la espera del fallo judicial que deberá producirse en el futuro. El mandatario defendió el esquema de la APP, debido a que Colombia no tendría que invertir recursos en el proceso de rescate. Así las cosas, queda en manos de la administración de Iván Duque la toma de decisiones al respecto.
Hace un año el Gobierno Nacional informó que en el 2015 un arqueólogo submarino halló en el Congreso de los Estados Unidos un mapa con las coordenadas del San José, y que ya se contaba con un socio idóneo para extraer los tesoros, valorados en cerca de 10 mil millones de dólares ($32 billones), consistentes en esmeraldas, lingotes macizos de oro y de plata, custodias y otros valiosos objetos, de acuerdo con información hallada en el Archivo de Sevilla (España). Hay que recordar que la embarcación fue hundida por el Comodoro Wager de la armada inglesa, a unas 9 millas de la capital del departamento de Bolívar, el 8 de junio de 1708, hace 310 años. El Galeón acababa de zarpar con destino a la península ibérica.
Tuvieron que pasar poco menos de tres siglos para que en 1982 se tuvieran las primeras noticias acerca de la posible ubicación del Galeón, debido a la intervención de la empresa estadounidense Sea Search Armada (SSA), con la que el Estado colombiano tuvo que librar un largo litigio acerca de quién debería quedarse con los tesoros encontrados. Después de muchas vueltas, con fallo de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en el 2007 y una ratificación de la Corte del Distrito de Columbia (Estados Unidos), en el 2011, el veredicto definitivo fue que Colombia es el único dueño. Pese a esto, SSA persiste en sus reclamos, y de manera similar se ha manifestado el gobierno de España.
Desde el 2013 nuestro país cuenta con la Ley 1675, que trata de la protección del patrimonio cultural sumergido, la cual hay que aplicar de manera muy concreta y clara en este caso, para no dejar escapar la ilusión de rescatar esas riquezas que salieron de nuestro territorio en una época en la que la monarquía española manejaba todo en lo que hoy es Colombia. Además de lo que ese tesoro representa en términos económicos, lo más valioso tiene que ver con el patrimonio histórico y cultural que significa ese rescate, que esperamos pueda concretarse pronto sin más problemas. 

Ya se adelantó todo un trabajo científico de exploración subacuática, con recursos de la Maritime Archaeology Consultants y la tecnología de punta para este tipo de casos, y la participación de los arqueólogos Ernesto Montenegro, Roger Dooley y Make Purcel, además del experto Gary Kozac, quien intervino en la búsqueda y hallazgo del Titanic. Ahora bien, la información de mayor confidencialidad, como las coordenadas de ubicación del tesoro, quedan bajo la protección del Archivo General de la Nación, el Ministerio de Defensa y la Armada Nacional, según Santos. En este sentido es importante que la Procuraduría General de la Nación garantice que dicha información reservada tenga un manejo responsable. Hasta el momento hay evidencias de que el Galeón permanece intacto en el lecho marino.