Muy probablemente tienen razón los indígenas colombianos en exigir que el Gobierno Nacional les cumpla compromisos adquiridos. No es una novedad que eso ocurra en Colombia, donde los líderes de esa etnia señalan múltiples acuerdos incumplidos durante las dos últimas décadas. No obstante, por más razón que tengan no es aceptable que sus demandas impliquen que el resto de ciudadanos nos veamos afectados por sus acciones de hecho y por la violación de derechos fundamentales, al bloquear carreteras y ocasionar toda clase de traumatismos en distintos puntos del país.
La llamada minga nacional comenzada el pasado lunes, y que luego de dos días de diálogos con voceros del Ejecutivo aún no permite ver una solución pronta, parece tener como objetivo generar un caos económico de proporciones mayúsculas. El haber establecido su punto principal de protestas en el resguardo La Delfina, en plena vía entre Buga y Buenaventura (Valle del Cauca) pareciera solo tener el propósito de frenar el ingreso y salida de mercancías en el principal puerto colombiano sobre el Pacífico, con una presión que terminará desesperando a todo el país.
Sin embargo, lo más grave es que como ocurrió ayer en el occidente de Risaralda, los manifestantes indígenas retengan a policías y los agredan, sin considerar que tales acciones podrían justificar el uso de la fuerza de las autoridades para disolver las protestas que violentan bienes públicos y privados y que se salen de todo control. Ayer 17 uniformados terminaron en manos de los líderes de la guardia indígena que participan en la minga que se realiza en el sitio Bacorí, en el corregimiento de Santa Cecilia (Pueblo Rico) en límites con el Chocó. Repudiamos tales acciones, y esperamos que en las horas recientes hayan sido liberados sanos y salvos.
La Fuerza Pública tiene el deber de garantizar la seguridad de todos los colombianos y evitar que los desplazamientos de la gente por las carreteras se vean interrumpidos, y esa es la razón de su presencia en los lugares de protesta. No deben recibir el maltrato del que han sido víctimas, y menos que se les quiera aplicar castigos de la legislación indígena, como lo han pretendido. Es evidente que si hay bloqueos, como los que viene protagonizando la minga, los uniformados tienen que usar elementos como gases lacrimógenos para tratar de garantizar el flujo normal de vehículos y mercancías.
Es verdad que lo escrito en el Decreto 982 de 1999, firmado con los indígenas desde el gobierno de Andrés Pastrana, no se ha cumplido cabalmente en lo relacionado con derechos humanos y compromisos en educación, salud, recuperación de tierras y reparación a la masacre de indígenas en la Hacienda El Nilo, en 1991, entre otras problemáticas de abandono que han sufrido por el Estado. Sin embargo, la manera de exigir que haya cumplimiento no es la adecuada, ya que en lugar de provocar solidaridad genera rechazo general.

También es cierto que en el último año cerca de 40 indígenas fueron asesinados en distintos hechos de violencia que involucran a grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y toda clase de delitos que dejan ganancias millonarias a las mafias, y frente a los cuales el Gobierno Nacional no ha reaccionado con la contundencia que se debe. Para que haya paz verdadera en los territorios es necesario que se ataque de frente a las estructuras criminales que atropellan a pueblos como el indígena, que se hagan inversiones sociales en las zonas en las que viven los miembros de esta etnia, pero a la vez que los indígenas se comporten con moderación en sus exigencias.