Ayer se vivió una nueva jornada de movilizaciones y reclamos ante el Gobierno Nacional en la que educadores de todo el país insistieron en que sus condiciones laborales no son las mejores y que es necesario que haya más recursos para sus salarios y para el sector, en general. Los educadores de Caldas, igual que los del Eje Cafetero y norte del Valle, se reunieron en Pereira para realizar sus protestas. Lo mismo ocurrió en diversos centros urbanos de Colombia, donde los profesores insistieron en que la actual administración no les ha prestado suficiente atención a sus demandas, cuando al mismo tiempo pretende que Colombia sea el país más educado de América Latina en el 2025.

Con el erario limitado y sin posibilidades de ampliar ese presupuesto, el Gobierno viene ofreciendo una bonificación del 15% de su salario para cerca de 212 mil maestros grado 14, después de que cumplan un año de servicio. La ministra de Educación, Yaneth Giha, asegura que tal determinación logrará una mayor equidad entre los educadores y que es lo único a lo que puede comprometerse en las actuales circunstancias económicas. Para los voceros de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) tal ofrecimiento es insuficiente y afirman que el Ejecutivo "no ha querido sacar la plata".

El paro supera ya las tres semanas sin que se vea un camino de solución. Desde febrero pasado los educadores pasaron su pliego de peticiones, en el que piden cosas justas, pero también otras que resultan inalcanzables por lo menos en el corto y mediano plazo, ya que se necesitaría un presupuesto bastante amplio que el Estado colombiano no puede soportar en los actuales momentos. Es verdad que para todo el sector educativo se deben destinar más recursos en el futuro y que el bienestar laboral de los maestros es fundamental para avanzar en calidad, pero eso es algo que debe irse logrando en forma gradual.

Es cierto que Colombia tiene que consolidar la visión de la educación como asunto estratégico, pues está demostrado que no hay otro esfuerzo que ayude más a mejorar la productividad y la competitividad de un país, así como a acortar brechas sociales. Hay que buscar que la educación de calidad no solo llegue a las familias de más recursos económicos, sino que irrigue a todas las comunidades que asisten a la educación pública. Hay que reconocer que el gobierno de Juan Manuel Santos ha trazado un camino en esa dirección, pero no es fácil avanzar tan rápido en tales escalones.

Los educadores deberían reflexionar y pensar en que los más perjudicados con los paros son los estudiantes y las familias con recursos más limitados. Lo que se genera es un trauma para los alumnos y para sus padres, y los ceses de actividades aparecen ya como métodos inadecuados y perjudiciales de protesta. Realmente no son un buen ejemplo, cuando son los profesores los que deben brindar luces a sus alumnos. Hay que tener un plan de mejoras salariales y decisiones que favorezcan a todo el sector educativo, pero eso hay que verlo precisamente como un proceso en el que no puede improvisarse.

Uno de los beneficios que puede traer el hecho de superar los conflictos armados en el país es que dinero que antes se destinaba a la guerra podrá usarse para fortalecer la educación. Desde luego que hay que estar atentos para que los corruptos no se queden con esa plata, y en eso todos los ciudadanos tenemos responsabilidades ayudando a vigilar y denunciando irregularidades. Lo cierto es que una preocupación legítima por la calidad educativa entiende que ambas partes deben ceder, y los maestros no han hecho en eso lo suficiente.