El caos es hoy lo cotidiano en Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro parece haber perdido por completo la mínima sensatez que le quedaba, y el mismo día en que las Farc en Colombia entregaban todas sus armas el vecino mandatario lanzaba la frase descabellada de que estaba dispuesto a luchar haciendo uso de las armas para mantenerse en el poder y defender así la revolución bolivariana. “Lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas”, dijo. Hoy, infortunadamente, los venezolanos se levantan cada día ante un panorama de horror que sorprende por la desmedida reacción oficial ante los justos reclamos de una población que persiste en la exigencia de una salida democrática a la crisis que se agrava progresivamente.
El pasado miércoles cinco jóvenes perdieron la vida en las protestas, en la que fue la más sangrienta jornada en tres meses de manifestaciones diarias en distintos puntos del país, y con lo que se completa cerca de un centenar de víctimas fatales a manos de la guardia venezolana. Jhonatan Zavatti, de 25 años; Isael Jesús Macadán, de 18; Luigin Paz, de 20; Víctor Betancourt, de 18, y Roberto Durán, de 26 años, fueron las víctimas de ese día en desarrollo de las protestas civiles, en las cuales también se han reportado alrededor de 1.100 heridos de consideración, de acuerdo con los datos revelados por la Fiscalía.
Para completar el panorama surrealista de violencia y reacción desmedida desde el gobierno, la fiscal Luisa Ortega que valientemente se le rebeló al chavismo y se mantiene firme haciendo su trabajo de defender al pueblo venezolano, acaba de sufrir la embestida oficial a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que le quitó las funciones penales, la obligó a no salir del país e intervino sus cuentas y bienes de manera arbitraria, y que busca por todos los medios posibles sacarla del cargo. El próximo martes se sabrá su destino, pero mientras tanto ella sigue denunciando el terrorismo de Estado que se viene dando en contra del pueblo inerme del vecino país.
En el cuadro inverosímil también apareció esta semana el extraño ataque de un solitario helicóptero militar a la sede del TSJ, en el que las granadas lanzadas no explotaron, y que Maduro no dudó en asegurar que se trataba de una acción coordinada por la CIA estadounidense. A eso hay que sumar los actos de radicales chavistas contra la Asamblea Nacional de mayoría opositora, en donde resultó agredido físicamente el presidente de dicha institución democrática, Julio Borges. La ruptura institucional en Venezuela es de tal magnitud que es incierto el panorama futuro y cualquier situación extrema es posible hoy en el vecino país, donde en tres meses se han producido 36 detenciones ilegales de periodistas y 324 acciones violentas, 275 de ellas protagonizadas por policías y militares.

Para salvar su pellejo, Maduro promueve una constituyente para el próximo 30 de julio, la cual está diseñada para que solo el chavismo pueda ganarla y tener así supuestas herramientas democráticas para profundizar su abuso de poder. Lo cierto del caso es que con las reglas de juego actuales, en un marco de democracia real, al gobierno no le quedaría más alternativa que irse y ceder el mando a la oposición que hoy es mayoría no solo en la Asamblea Nacional sino en las calles. Sin embargo, la declaración de guerra que ya Maduro emitió contra su propio pueblo va a llevar al vecino país a una situación que tiende a romper lo poco de institucionalidad que queda. Venezuela parece hoy condenada a vivir por un largo tiempo el mundo al revés.