Se puede estar de acuerdo o no con las decisiones judiciales, se pueden cuestionar los fallos de los jueces, pero lo que no se puede hacer, y menos una autoridad, es desacatarlos. No es fácil entender la situación que viene sucediendo en nuestro país luego de la polémica desatada tras la votación en el Congreso de la República de las Jurisdicciones Especiales de Paz, una posibilidad que se abría para elegir 16 congresistas de zonas que estuvieron afectadas por el conflicto armado, curules para las organizaciones de víctimas y no para la Farc, como quisieron hacerlo ver varios de los votantes.

Después de ese momento, en el que todo quedó en un limbo por cuenta de saber si hubo la votación suficiente para aprobar el proyecto presentado por el Gobierno o no, se han dado una serie de hechos que motivan a pensar en el daño que se les hace a las instituciones cuando los llamados a gobernar pretenden solucionar las diferencias a punta de golpes de opinión. En primer lugar se equivocó el ministro del Interior al no apelar de la decisión que hundió el proyecto, pero también se equivocó el Congreso al no entender que la suspensión de tres congresistas hacía obvio que el cuórum fuera diferente al de cuando hay habilitación plena de todos los congresistas.

Después de ires y venires, el Gobierno se anotó esta semana dos puntos a favor de su posición. Uno, la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó al presidente del Congreso sancionar la ley que da vida a las curules especiales de paz, por considerar que es un hecho que se recogieron los votos suficientes a favor de la propuesta. Además, el Consejo de Estado anunció que admitió la demanda en contra de la no aprobación que definió la Mesa Directiva de la corporación, de acuerdo con su interpretación. No obstante, desde el Congreso mismo se afirma que no acatarán el fallo, nada más dañino para la democracia.

Si no se está de acuerdo con la decisión de un juez, pues se tendrán que buscar los mecanismos jurídicos que contravengan tal posición, pero no puede ser con argumentos extrajudiciales como se combata lo decidido. Por este motivo el Congreso deberá buscar mecanismos igualmente institucionales para intentar anular lo ya decidido o para convencer al Consejo de Estado de tener la razón, pero no es cometiendo desobediencia civil. Este tipo de bravuconadas son las que deslegitiman la institucionalidad, para la cual después, los mismos que hoy invitan al caos, llaman a respetar.

Más allá de la polémica por las decisiones judiciales y de lo que se espera que pase en el Consejo de Estado, en donde se podrían decretar medidas cautelares, el tiempo sigue corriendo y se generan problemas para que la organización electoral pueda disponer de todo lo necesario para que se realicen las elecciones en las 16 jurisdicciones especiales de paz. Se debe tener en cuenta que si llega a darse una decisión definitiva y se ordena la elección de los representantes de las víctimas, si es necesario se hagan de manera atípica allí, toda vez que se trata de un derecho que cobra carácter de fundamental, al ser la posibilidad de las víctimas de llevar su voz al foro por excelencia de la discusión en Colombia, el Congreso.