Tras el desarme de las Farc y la destrucción de las caletas con municiones en las que avanzan los delegados de las Naciones Unidas, como lo informaron en las últimas horas, al Gobierno Nacional se le refuerza el desafío de garantizar la seguridad a todo lo largo y ancho del territorio, sobre todo en las zonas que antes ocuparon las Farc y que ahora son vistas como objetivos estratégicos desde las disidencias de esa agrupación guerrillera, desde sectores del Eln, desde las Bandas Criminales y desde toda clase de agrupaciones delincuenciales que quisieran no solo ocupar esos espacios, sino generar caos para restarle credibilidad a los supuestos beneficios de los acuerdos de paz.
Esta semana, sin mayor eco mediático, se dio la liberación del funcionario de las Naciones Unidas Heyledy López Hernández, un ingeniero de sistemas que fue secuestrado el pasado 3 de mayo por una disidencia de las Farc (frente primero) en el municipio de Miraflores (Guaviare), y quien fue dejado en libertad después de poco más de dos meses en un sitio entre los municipios de Mapiripán y San José del Guaviare. De acuerdo con López Hernández, en la decisión de su liberación tuvo mucho que ver la permanente presión del Ejército en la zona en la que lo tenían retenido, lo que obligó a los subversivos a cambiarlo de sitio de reclusión permanentemente.
Ese es un buen indicador, y es lo que debe pasar. Las Fuerzas Militares deben hacer presencia permanente en las zonas que ocupaban en el pasado los frentes guerrilleros de las Farc, y perseguir con energía a los grupos que no se quisieron acoger a la oportunidad que se les brindó para desarmarse y regresar a la vida civil. Inclusive, sería conveniente que esas estructuras que se mantienen en rebeldía se decidieran por fin a dar el paso de desmovilizarse y dejar atrás para siempre sus actos violentos que no dejan más camino que su persecución sin pausa. De hecho, es deber del Gobierno Nacional capturar a los responsables de este secuestro y castigarlos como es debido.
También es un deber impostergable que las Fuerzas Militares fortalezcan sus actividades de inteligencia y sus patrullajes por todo el país, con el fin de neutralizar a los miembros del Eln, de las Bacrim y demás organizaciones delincuenciales que pretendan desestabilizar el país. El ataque contra la minería ilegal, el narcotráfico y demás ilegalidades en las que se concentran estos grupos tiene que ser permanente y efectivo. Es necesario asestar duros golpes, de manera oportuna, para que los jefes del Eln que negocian en Ecuador aceleren el desarme de esa organización y para que grupos como el Clan del Golfo no tengan más opción que entregarse a las autoridades.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ha asegurado que el Ejército Nacional "está encima" de quienes siguen generando violencia en distintos puntos del territorio nacional. No obstante, se necesita que esa presión sea cada vez más fuerte y efectiva, de tal manera que sus acciones criminales sean totalmente desarticuladas. Está muy bien que las extorsiones estén cayendo en forma ostensible como el ministro lo asegura (un 44% con respecto al 2016, según dijo esta semana), pero es fundamental llegar pronto a cero. Si a la par con el desarme de las guerrillas históricas de Colombia se golpea con contundencia a quienes quieren perpetuar la violencia, podremos pasar la hoja hacia una verdadera paz que se traduzca en desarrollo humano y económico para todos en nuestro país.