Se cumple hoy un mes desde cuando el pozo petrolero de La Lizama 158 en el corregimiento de La Fortuna en Barrancabermeja, límites con San Vicente del Chucurí (Santander), empezó a causar estragos sobre el río Sogamoso. Lo que se inició como una pequeña fuga que podía ser controlada se desbordó y desde el 12 de marzo se ha hecho imparable en el derrame de gases y de crudo. Aunque la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) manifestó que la situación ya está controlada y se toman las acciones necesarias para sellar los orificios por donde se dan las fugas y que ya no llegue el brote a los ríos de la zona, este episodio no se puede dejar pasar como si se tratara tan solo de una anécdota. Por cuenta de lo ocurrido se han dado a la luz cantidad de detalles que hablan de la vulnerabilidad que se tiene en este asunto.
Informes periodísticos revelaron que en febrero del año pasado, Ecopetrol al evaluar sus actividades del 2016, dio cuenta de que este pozo estuvo un año suspendido, porque se había advertido en él problemas mecánicos y por fallas en el revestimiento o su construcción. La empresa ha intentado restarle importancia a este asunto e insiste en que no se mezclen esas informaciones previas con lo ocurrido en estos días, con el argumento de que aún no se conoce a ciencia exacta lo que provocó las perforaciones, y que podrían deberse al comportamiento sísmico en Santander ocurrido el primero de marzo. Mientras se aclara esto, que debe hacerse de frente a los colombianos, es necesario que se garantice a los vecinos de la zona en donde ocurrieron los hechos que esto quedará completamente superado y que no se repetirá.
De acuerdo con organizaciones ambientalistas de ese departamento murieron unos 2 mil 400 animales y debieron rescatarse y ser trasladados a otras áreas, 1.200 más y que la mancha afectó por lo menos 30 kilómetros de las quebradas La Lizama y Caño Muerto, además de otros afluentes menores. La Contraloría General de la República advirtió desde el 2015 que a ese año Ecopetrol había abandonado 38 pozos sin cumplir los protocolos que lo obligan a sellarlos debidamente y a recuperar los terrenos en lo medioambiental. La excusa para no cumplir ha sido la falta de recursos, lo que no debería ser, pues eso no es un asunto suntuario, sino prioritario.

Es necesario reflexionar para que nos pongamos de acuerdo en la necesidad de hacer que estos hechos sean tratados de manera más expedita y transparente, y exige de los organismos de control investigaciones claras que sancionen a los responsables si los hay. El Ministerio de Ambiente se tardó en reaccionar a esta situación y ha sido objeto de críticas, pero lo que interesa es que dé cuenta de hasta dónde era posible prevenir lo sucedido para que se aplique de una vez la solución a los futuros problemas que se puedan presentar. Ahora Ecopetrol nos inunda con comunicados de cómo soluciona este incidente, ojalá mantenga el espíritu de transparencia para dar a conocer los resultados y para informar oportunamente de las tareas que tiene pendientes para poder evitar otros de la misma especie. Es hora de dejar de pregonar que nos interesan los ecosistemas para hacerlo realidad.