La semana pasada Colombia vio perpleja el caso de la caída sorpresiva del edificio Portal de Blas de Lezo II, obra en construcción en un sector popular de Cartagena, en el que se contabilizan 21 personas muertas y 20 heridas. La mala calidad de las obras habría sido la causa del desplome de la estructura que ya llegaba a los seis pisos. Los dueños del proyecto, los hermanos Wilfran y María Quiroz Ruiz, no aparecen, y según se ha conocido la comunidad del sector ya había alertado acerca de las irregularidades allí, pues el pasado martes debió llevarse a cabo una diligencia en su contra, programada desde antes de caerse el edificio, ya que un vecino había denunciado la supuesta violación de las normas de retiro y altura.
Hoy conocemos que, además, la licencia que exhibían en la parte exterior de la construcción era falsa, y que se ejecutaban obras sin los permisos legales. Tampoco la Administración Municipal se había percatado de lo ocurría, lo que permitió que la actitud criminal de los propietarios del edificio, que pretendían vender apartamentos de baja calidad y obtener jugosas ganancias, continuara sin obstáculos. Si no hubiera sido por la tragedia que hoy enluta a cerca de dos decenas de familias de esa ciudad, el país no se habría enterado de esta irresponsabilidad, la cual en cualquier momento habría salido a la vista del público, tal vez con una tragedia mayor.
Hoy se requieren investigaciones, tanto en el interior de la Alcaldía, como a los dueños de la obra para establecer responsables y castigar las conductas que condujeron a los tristes hechos. La negligencia de funcionarios no puede quedar sin sanción, como tampoco puede quedar impune el delito de quienes llevaron a que 21 personas murieran en el desplome de la estructura. Lo más preocupante es que ahora se sabe que los hermanos Quiroz Ruiz tenían otros 20 proyectos similares en distintos puntos de Cartagena, con los consiguientes riesgos para las vidas de las personas. Por lo pronto, se necesita una inspección profunda a tales construcciones para determinar posibles errores y prevenir emergencias.
Hace cerca de cuatro años nos tocó ver el dantesco espectáculo del derrumbamiento del edificio Space, en Medellín, construido por la firma CDO, donde se descubrió que hubo problemas con los diseños estructurales, los cuales fueron calculador por debajo de la carga final de la obra. Así, se debilitó la estructura y ocurrió el posterior desplome. Algunas medidas de justicia llevaron a que varios responsables fueran sancionados. Allí también se encarnó una actitud que podría calificarse de criminal al llevar a la muerte de 12 personas, como consecuencia de diseñar buscando ahorros en los costos de las obras.
Esto obliga a que en las demás ciudades de Colombia se realice una revisión más rigurosa de las construcciones, y una verificación detallada de todos los procedimientos que deben cumplirse cuando se ejecuten este tipo de obras. Con frecuencia se escucha acerca de presuntas violaciones a las normas urbanísticas en barrios de la periferia de los centros urbanos, principalmente. Allí, muchas personas ejecutan obras sin que nadie controle. De hecho, en barrios de invasión, que nacieron con pequeños ranchos de un solo piso, con el paso del tiempo algunos dueños han transformado esas casas en verdaderos edificios en los que habitan numerosas familias.
En ciudades como Manizales, donde tenemos que ser conscientes de la vulnerabilidad que ofrece nuestra topografía quebrada, tienen que hacerse controles más rigurosos a las construcciones que se acometen. Eso es vital para evitar tragedias. Además, hay que profundizar en la cultura de la legalidad, porque hoy cualquiera hace obras en las casas, que muchas veces pueden afectar su estabilidad, sin que haya ninguna autoridad que tome correctivos o haga cumplir el urbanismo de ley.
