El crecimiento de apenas 1,1% en la economía cubana durante el primer semestre del 2018, se conoce poco después de la cacareada reforma constitucional con la que se pretende avanzar hacia la modernización de ese país. El mismo gobernante de la isla, Miguel Díaz-Canel, anunció en la clausura de la Asamblea Nacional el discreto crecimiento económico, del que responsabilizó a toda una serie de asuntos externos, por lo que llamó a un uso más eficiente de los recursos disponibles, confiando en que durante el segundo semestre del año mejore la situación.
Esa crisis inherente a un régimen trasnochado es la que parece haber llevado a la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular a aprobar un proyecto de nueva constitución en la que el "comunismo" ya no es la meta de la sociedad y se le da legitimidad a la propiedad privada. Además, admite el papel de la inversión extranjera como una necesidad para el desarrollo del país, y de la que se necesita cada año un mínimo de 2.500 millones de dólares para alcanzar un punto de equilibrio de crecimiento del 3%.
No obstante, desde el punto de vista político no hay el más mínimo avance, ya que se mantiene el control central de cada una de las actividades del Estado en cabeza del partido único de gobierno, el Partido Comunista, aunque con límites de tiempo y edad para los que aspiren a ser gobernantes, algo que hasta hace pocos años era impensable.
En este sentido, los cubanos parecen seguirles los pasos a los chinos, pero con varias décadas de atraso. Desde los años 80 del siglo pasado la China se dio a la tarea de ejecutar una gradual apertura económica, en el marco de un férreo manejo estatal en el que el Partido Comunista no ha cedido un ápice en apertura democrática, con normativas contrarias a los derechos humanos y un régimen duro que tiene más semejanza a una monarquía que a un modelo moderno en el manejo de lo público. En ese sentido, la única diferencia a favor de Cuba sería la aprobación del matrimonio igualitario, medida que es celebrada como una forma de apertura social.
Pese a esto, en el fondo de la reforma lo que hay es el deseo de Raúl Castro de perpetuar el modelo socialista creado por su hermano, Fidel, en el que una mayor apertura democrática no es posible. Lo que sí parece asegurar es un relevo generacional más dinámico, en aras de proteger dicho legado. 
El proyecto aprobado en la Asamblea Nacional tendrá que cumplir con una consulta popular del 13 agosto al 15 de noviembre del presente año, para que el pueblo pueda conocer los cambios y hacer observaciones. Vendrá luego un referendo. Aunque limitada, es una propuesta progresista que ayudaría a la isla a salir poco a poco del ostracismo en la que fue inmersa por sus propios dirigentes, pero al mismo tiempo hay que afirmar que la mayor parte de los cambios solo son simbólicos en lo referente al ideal de llegar algún día a ser una democracia.

Ojalá sea posible que el deshielo que comenzó con los Estados Unidos en el gobierno de Barack Obama, pero que se frenó con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, se reactive y que eso ayude a que los cambios que se anuncian en el papel se potencien y lleven a los cubanos a entender que es necesario dejar atrás el lastre premoderno del manejo unipartidista del país. Se requiere un mayor pragmatismo y entender el reto de la historia para poder salir del oscuro túnel a mayor velocidad. Mantenerse en el mismo sistema sería condenar a Cuba, por siempre, al fracaso.