El hecho de que la probabilidad de que un joven de bajos recursos económicos pueda ingresar a la educación superior haya pasado del 36% al 69% desde el 2014 hasta el día de hoy muestra los grandes beneficios que tiene el programa Ser Pilo Paga, al que accedieron 39.772 estudiantes durante el segundo cuatrienio del gobierno de Juan Manuel Santos. Esta estrategia, seguramente, necesitará ajustes para mejorarla, pero la evidencia de sus bondades debería hacer que quien esté al frente de los destinos de Colombia a partir del 7 de agosto del 2018 le dé continuidad.
Inclusive este programa debería ser convertido en política pública, ya que su permanencia garantiza que muchos jóvenes que se habrían quedado sin hacer nada en sus casas, o en el mejor de los casos trabajando para ayudar al sostenimiento de sus familias, estén en camino de convertirse en profesionales en las mejores universidades del país. Quienes han pretendido satanizar esta iniciativa, supuestamente porque las universidades privadas están recibiendo dineros que les corresponden a las públicas, deberían reflexionar sobre el significado de que unas 40 mil familias de bajos recursos económicos, gracias a los buenos niveles académicos de sus hijos, se hayan ganado el premio de capacitarse en lugares a los que no habrían podido ingresar nunca. Además, no está mal estimular la demanda en el sector educativo.
Lo que hay que exigirle al Estado es que disponga de más recursos para la educación pública superior, y que se trabaje fuertemente para que la calidad en dichos centros sea tan buena o mejor que en las principales universidades privadas. Esa debe ser una determinación estratégica con miras a avanzar en materia de equidad y a lograr una mayor competitividad en el mediano y largo plazo. Además, hay que garantizar que las universidades públicas no sigan siendo afectadas por paros innecesarios que llevan a pérdida de tiempo y desmotivación para muchos estudiantes, porque ese es uno de los factores que hacen que los pilos busquen cupo en las privadas y esquiven a las públicas.
En el caso regional genera preocupación que, comparado con otros departamentos con menor población estudiantil, en el acumulado de cuatro años del programa Caldas esté muy por debajo, por ejemplo, de Risaralda. En este tiempo apenas obtuvo 476 cupos, mientras que nuestros vecinos lograron 774. Incluso departamentos como Casanare, con la tercera parte de la población caldense, superó a nuestro departamento en número de pilos beneficiados: 591. Eso demuestra que seguimos teniendo problemas de calidad y bajos niveles en los resultados de las Pruebas Saber 11, así los secretarios de Educación municipal y departamental expresen que esta dificultad es el reflejo del incremento de los puntajes para poder ser beneficiario. 

Podrá decirse, así mismo, que la diferencia se explica porque el puntaje del Sisbén también es determinante para la escogencia y que en otras regiones los niveles de pobreza son mayores, pero aun así los argumentos son insuficientes para explicar las marcadas diferencias en las cifras. Estamos seguros de que Caldas pudo haber alcanzado un número mayor de jóvenes de estratos bajos que podrían haber alcanzado estos beneficios si los hubieran preparado mejor para enfrentar de manera exitosa las Pruebas Saber, en las que nuestros promedios siguen por debajo de la media nacional. En el 2015 se logró que 183 jóvenes caldenses obtuvieran las becas, pero este año serán apenas 76 alumnos. Es verdad que el número global de este año es inferior al de años anteriores, pero en los promedios y en los acumulados salimos muy mal librados.