Gran polémica ha provocado el indulto concedido por el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, al exmandatario de ese país Alberto Fujimori, condenado por sus graves violaciones a los derechos humanos cuando estuvo al frente del Ejecutivo. Desde que se conoció esa determinación miles de peruanos han salido a las calles a protestar por lo que consideran una humillación a los ciudadanos que fueron víctimas del régimen de Fujimori hace cerca de dos décadas.
La situación ha llegado al punto de que desde los sectores izquierdistas de la política se exige ahora que también sea indultado el exjefe guerrillero de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, responsable de múltiples hechos de terror y violencia en ese país suramericano. Dar pie para que un sector de la población se solidarice con Guzmán es un gran error del actual presidente de los peruanos, quien se salvó de ser destituido por el Legislativo, pero que ahora ve amenazada su permanencia en el cargo ante la presión popular.
Incluso desde el ámbito internacional la decisión de Kuczynski es fuertemente criticada. Expertos de la ONU en derechos humanos afirman que ese indulto es una "bofetada" para las víctimas de las violaciones de derechos humanos ocurridas mientras Fujimori gobernó Perú. Fueron numerosos los casos denunciados de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales atribuidas a una política de Estado alentada desde el Ejecutivo, con pruebas tan contundentes que llevaron a que en el 2009 fuera condenado a 25 años en prisión, de los cuales solo pagó 8 años. Para los expertos, la sentencia había sido resultado de un juicio que cumplió con los estándares internacionales de justicia y que en su momento fue recibida como un gran avance en la lucha contra la impunidad en el abuso de poder.
Para todo el mundo es claro que se trató de una transacción política en la que el actual presidente, señalado de tener vínculos directos con los escándalos de la constructora Odebrecht en su país, garantizaba la permanencia en el cargo al recibir el respaldo de los opositores fujimoristas en el Congreso para no ser destituido, a cambio del indulto del polémico expresidente. Lo más grave es que Kuczynski habría pasado por encima de lo legal, al no tener en cuenta a una instancia asesora antes de emitir el decreto de indulto, lo que aún no se sabe qué consecuencias legales tendrá.
Es verdad que antes de la llegada de Fujimori al poder eran muy graves los problemas de orden público en Perú y que su lucha frontal contra las guerrillas rindió frutos no solo en tranquilidad ciudadana y en prosperidad económica, pero también son ciertos los desmanes en los que incurrieron las Fuerzas Militares a su mando, y que tales violaciones que afectaron a miles de inocentes tenían que ser castigadas de manera ejemplar, como estaba ocurriendo. Es un pésimo ejemplo, la infortunada decisión de indultar al expresidente autoritario.

Los argumentos supuestamente humanitarios que sustentan el indulto no encajan en un caso que era emblemático y que no debería contemplar ningún tipo de beneficio para aliviar la pena. Sin embargo, si se hubiera llevado a cabo un proceso transparente, riguroso y creíble, que además fuera compatible con las normas internacionales de derechos humanos, tal vez tuviera algún sustento válido por razones de edad y salud, pero lo que hay en el fondo es una sucia negociación política para echarle tierra a los graves casos de corrupción del actual mandatario. Se tapa la impunidad con más impunidad. La justicia peruana ya había rechazado la posibilidad de un habeas corpus esgrimido por la defensa de Fujimori, por su supuesta mala salud, por lo que una decisión contraria es evidentemente violatoria del estado de derecho.