Cuando fue presentada la idea de entregar bicicletas a estudiantes de zonas apartadas de los distintos municipios de Caldas como una manera de asegurarles un medio de transporte para llegar a los colegios, no solo se destacaban sus bondades en cuanto a que era una manera creativa de resolver su desplazamiento, sino que era una opción amigable con el medio ambiente que valía la pena promover, además de los beneficios deportivos y culturales. Tanto que al programa se le llamó Pedaleando por la Calidad Educativa. La Gobernación de Caldas cumplió su compromiso de entregar 1.940 de estos vehículos durante el 2017 y el 2018 a instituciones educativas de 18 municipios, pero en diversos casos los aparatos se encuentran arrumados en bodegas, en aspecto de abandono, oxidándose y llenándose de polvo.
 Las razones que se entregan en los municipios es que los padres de familia son los principales opositores del programa, ya que temen hacerse responsables de las bicicletas y tener que pagarlas si son robadas o asumir los costos de reparaciones y mantenimientos para los que no tienen recursos. Así las cosas, se armó un nudo gordiano que no han podido resolver, mientras que las grandes expectativas que se tuvieron al comienzo se marchitan. La inversión que se ha hecho hasta el momento, tomando en cuenta que la meta es entregar 2 mil bicicletas (faltan 60), es de $838 millones, que están en peligro de convertirse en chatarra sin uso.
 Hay casos como el del Colegio de La Presentación de Salamina, donde los directivos de la institución tomaron la determinación de no recibir las bicicletas, sin tomar en cuenta que muchos de sus alumnos podrían beneficiarse. La queja de los padres de familia de otros colegios es que si los obligan a firmar documentos en los que se les responsabiliza de lo que les ocurra a los aparatos prefieren que sus hijos usen los transportes escolares tradicionales o que se desplacen a pie. Debe buscarse una fórmula que facilite que el programa funcione bien, donde los padres y los alumnos no soporten todo el peso de los daños o problemas que tengan las bicicletas, y que inclusive sea esta una oportunidad pedagógica para enseñar el cuidado de un bien público al servicio de la educación. El pago de una póliza de $10 mil anuales por aparato no debería ser obstáculo para que el programa se pueda ejecutar.
 Si en municipios como Aguadas o Riosucio funciona bien, no hay razón para que no ocurra igual en otras poblaciones. Que sirvan para las clases de Educación Física o que incluso se usen para ciclopaseos con el acompañamiento de la Policía es una buena opción que podría ensayarse en donde están guardadas. Los rectores de las instituciones deben colaborar para que se usen, sin poner talanqueras innecesarias. Lo que debe cuidarse es que sean los estudiantes los que se beneficien ojalá para su desplazamiento cotidiano, y sea una contribución para una mejor calidad educativa.

 Es un desperdicio que las bicicletas estén guardadas, inclusive podría pensarse que de persistir tal situación se configure algún tipo de detrimento patrimonial. Es natural que si los vehículos se usan en carreteras destapadas y vías rurales haya desajustes que deban ser resueltos con reparaciones o reposición en un momento dado, pero el sentido del programa es que los estudiantes utilicen las bicis. Desde la Gobernación debe encontrarse la manera de que Pedaleando por la Calidad Educativa se desarrolle sin más inconvenientes, haciendo más flexibles las condiciones para su uso, y enseñando a su vez el sentido de la responsabilidad y el cuidado, pero sin que ello sea obstáculo para el logro del objetivo.