El proyecto de zonas azules se vendió como una oportunidad para ordenar el uso del espacio público por propietarios de vehículos que usaban las calles para beneficio propio y fue una buena manera de ayudar a poblaciones vulnerables, difíciles de emplear en otros campos y que encontraron en este sistema una oportunidad para sentirse útiles y lograr un ingreso al menos digno. Después de 20 años, el sistema que fue ejemplo en su momento se desgastó por muchas razones, entre otras, las asfixiantes condiciones que impuso la ley a todas las entidades sin ánimo de lucro, más las laborales que están poniendo en ascuas a centenas de organizaciones benéficas.
Así fue como se fue viendo la necesidad en Manizales de volver a licitar las zonas azules en una convocatoria abierta, permitiendo el ingreso de entidades con ánimo de lucro y con un incremento en la tarifa que se voló en 50 puntos el IPC del año pasado. La promesa de la Administración Municipal de no afectar puestos de trabajo quedó en nada esta semana cuando se anunció la salida de 88 personas, que con sus condiciones, va a ser muy difícil que puedan ser incorporadas por el mercado laboral. Un costo social muy alto para la ciudad.
Si se cumplen las previsiones es posible que sigan saliendo personas de este programa, toda vez que dentro de lo ofrecido por Sutec, empresa ganadora de la operación del sistema de zonas azules, se vendrá una modernización de equipos y se trabajará en el corto plazo en el uso de herramientas tecnológicas, que o bien necesitarán menos gente o, peor aún, será de difícil uso para algunos de quienes prestan sus servicios en estos lugares, pues la edad o la falta de capacitación los alejará de esta posibilidad.
Han salido varios argumentos en contra de la llegada del operador privado para la administración de estas zonas, todas relacionadas con investigaciones que ha tenido en otras partes, bien como agente principal o como sociedad partícipe en otras. No obstante, lo que se debe reparar es en que aquí cumpla las condiciones y evidenciar, cosa que será un tema clave para la Contraloría, si con las condiciones de tarifa que podrá operar este recién llegado habría podido hacerlo al punto de desaparecer la Asociación de Personas en Discapacidad que administraba el programa. Si es así, entonces habría que ver por qué no se cambiaron las condiciones de la concesión anterior como lo había pedido esa entidad.
Desincentivar el uso del vehículo particular con esta medida tendría sentido si la diferenciación de la tarifa se invirtiera en programas que lleven a mejorar los espacios para caminantes, ciclistas, para quienes opten por vehículos que se muevan a través de combustibles alternativos y, ante todo, para mejorar el servicio público en la ciudad, pero esto no se puede porque no hay todavía estudio de movilidad, así el Plan de Ordenamiento, sin este insumo, tome decisiones sobre el futuro de este asunto.

Así pues, que el cambio en la operación de las zonas azules parece más otra decisión aislada frente a una ciudad que necesita decisiones integrales en torno al manejo público. A esto se debe sumar que está en mora la Alcaldía de mostrar un plan verdadero que permita a esas mismas personas que se quedaron sin empleo de tener condiciones dignas, porque hasta ahora lo programado era para otras poblaciones vulnerables y no tenía en cuenta estas otras 88. La tarea debe empezar ya.