El mundo está preocupado por la crisis venezolana, como se demuestra con las distintas manifestaciones escuchadas esta semana en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. Es indiscutible que en el vecino país latinoamericano funciona una dictadura que viene provocando una masiva migración de ciudadanos de ese país hacia el resto del continente, donde Colombia es el más afectado con ese fenómeno. Hoy, sin ayuda y con recursos propios, nuestro país brinda atención humanitaria a todas esas personas que llegan en condiciones indignantes y con la esperanza de obtener solidaridad.
Estamos, pues, ante el dilema de actuar para que al frente de ese país no permanezca un régimen totalitario opresor del pueblo y violador de derechos humanos, o aceptar de manera pasiva que la crisis se agrave a cada momento sabiendo que la situación humanitaria será una bomba social peligrosa para el continente. En ese contexto es correcto el camino diplomático de denunciar ante el resto de naciones lo que viene ocurriendo y buscar apoyos con recursos para atender a los migrantes de manera adecuada, sin que su presencia signifique graves perjuicios para el pueblo colombiano.
El mejor camino, sin duda, es que Venezuela pueda regresar a los cauces de la democracia y que recupere su viabilidad como país, de tal manera que quienes huyen se sientan motivados para regresar y emprender la construcción de un mejor futuro para su patria. Como lograr eso no es sencillo, es fundamental que la comunidad internacional en su conjunto aplique la presión necesaria para que Nicolás Maduro y quienes lo sostienen en el poder entiendan que lo mejor para todos los venezolanos, incluidos ellos mismos, es tomar la decisión de anticipar elecciones que cuenten con veeduría internacional y que se desarrollen respetando los principios básicos de la libertad que implica una democracia.
Llegar a eso no es tarea fácil, sin duda, y tal vez sea menester que los mismos chavistas tengan la opción de participar en tal ejercicio electoral, para que ese escenario sea posible. Pretender una toma armada de Venezuela, como se ha venido proponiendo en los tiempos recientes, generaría las peores consecuencias para todos, especialmente para Colombia. La opción bélica lo primero que haría es convertir a Maduro y los suyos en mártires y que su régimen se haga más duro, o que incluso un discurso nacionalista le ayude a obtener respaldos internos puede generar una respuesta contraria a lo buscado. En ese sentido es preocupante la presencia de la guardia venezolana en la frontera, provocación en la que Colombia no puede caer. 
Por ahora resulta pertinente encontrar solidaridad internacional para afrontar la crisis migratoria venezolana. La puesta en marcha del Fondo Multilateral es una opción que debe concretarse, y al mismo tiempo es importante que la denuncia interpuesta por Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Canadá y Colombia, para que la Corte Penal Internacional investigue la crisis venezolana encuentre un mayor respaldo y se ejerza una presión diplomática poderosa que conduzca al retorno de la democracia a ese país. 

La realidad hoy es que en Venezuela se registran, según la Organización de Estados Americanos (OEA), 12.000 casos de detenciones arbitrarias desde 2015 y más de 8.000 ejecuciones extrajudiciales. Son crímenes de lesa humanidad que de comprobarse no pueden quedar impunes. Hay que usar todas las estrategias que sean necesarias para lograr que el destino de Venezuela tenga un cambio positivo, pero la alternativa militar sería la peor en estos momentos.