El homicidio de Hugo Albeiro George, de 47 años, y de su sobrino Domar Egidio Zapata, de 23, en Puerto Valdivia (Antioquia) era ayer el reporte más reciente de asesinatos de líderes sociales, situación que completó este año 46 casos durante el primer trimestre. Ellos, que eran integrantes del Movimiento Ríos Vivos, se dirigían hacia un plantón que harían con otros líderes de la región para oponerse a la apertura de un túnel del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, pero además hacían parte de una comunidad que en el pasado fue víctima de la masacre de El Aro, y que terminó desplazada de sus tierras por grupos paramilitares en esa región del norte antioqueño. La presencia de nuevos grupos ilegales en la zona hizo que un mes atrás la Defensoría del Pueblo advirtiera acerca del riesgo que sufrían líderes sociales en la región.
El pasado miércoles el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) denunció que los líderes sociales y defensores de derechos humanos no son protegidos por el Gobierno Nacional, y que es falso que sus muertes sean producto de "líos de faldas", como lo afirmó el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Según la investigación del Cinep las razones de sus asesinatos están ligadas, sobre todo, a líos de tierras. Puede ser cierto que en algunos casos haya problemas personales involucrados en sus muertes, pero es equivocado generalizar, cuando la realidad es que son sus acciones por la defensa de los derechos humanos las que los ponen en la mira de actores violentos que se encargan de matarlos. En el 2017 se contabilizaron 138 asesinatos, un 20% por encima de los 115 del 2016. Como va el 2018 la cifra de líderes sociales asesinados podría seguir creciendo.
No puede negarse que después de la firma del acuerdo de paz con las Farc se incrementaron los riesgos para líderes sociales regionales, sobre todo aquellos reclamantes de tierra usurpada en el pasado por los actores armados del conflicto. En este sentido, el Estado se ha quedado corto en la contención de estas agresiones sistemáticas, que el año pasado alcanzaron cifras exageradas. Además, según el Cinep, en el 2017 un total de 10 líderes reclamantes de tierra fueron asesinados por “agentes directos o indirectos del Estado”, y la política de restitución de tierras no avanza al ritmo esperado. Es una denuncia que debe ser revisada y aplicar las correcciones del caso.
Ojalá que el primer plan de protección colectiva de las comunidades, anunciado por el ministro del Interior, Guillermo Rivera, tenga efectos reales y se acaben los asesinatos de líderes sociales. Por ahora se anuncia que el plan se ejecutará en Nariño, sobre todo en los alrededores de Tumaco, pero no puede desconocerse que departamentos como Valle, Cauca, Antioquia, Chocó, Cundinamarca, Norte de Santander, Bolívar y la propia ciudad capital, Bogotá, son de acuerdo con las estadísticas las zonas en las que más defensores de derechos humanos y líderes sociales han sido más afectados por la violencia.
De todos modos, desesperados por los peligros que corren, un grupo de 445 líderes sociales pidieron a comienzos de esta semana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se apliquen medidas cautelares de protección que les garanticen el ejercicio libre de la defensa de los derechos humanos en Colombia. Dicha acción pretende que se cree un equipo de verificación de estos casos específicos en el país y que surja una especie de cerco de protección que evite que los sigan asesinando. No puede permitirse que esto siga pasando, hay que encontrar los remedios para este desangre que puede activar nuevos y peligrosos conflictos en el país.
