Dos meses después de haberse instalado el nuevo Congreso, esta corporación se apresta a discutir los proyectos de ley para luchar contra la corrupción, recientemente puestos a su consideración, que son consecuencia del resultado de la consulta del pasado 26 de agosto, en la que participaron más ciudadanos de los previstos, quienes exigieron castigos fuertes a los corruptos. Tales iniciativas son producto de la mesa técnica entre el Gobierno, los diferentes partidos políticos y los promotores de la consulta anticorrupción, además de organismos de control que se sumaron con nuevas ideas. Deberán ser discutidos y aprobados con urgencia, con miras a que en marzo del 2019 sean leyes de la República.
Entre esos proyectos está la congelación de los salarios de los congresistas y altos funcionarios, inhabilidades más fuertes para los condenados por corrupción, cárcel efectiva para los condenados, audiencias de presupuesto público transparentes, rendiciones de cuentas de servidores públicos, pliegos tipo para todas las licitaciones, límites a la reelección en cuerpos colegiados, publicación obligatoria de declaraciones de renta de funcionarios, que los delitos contra administración pública sean imprescriptibles, endurecimiento de las normas de responsabilidad fiscal, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la regulación del cabildeo, entre otros. 
Este podría ser un paso importante. Sin embargo, la realidad es que en Colombia hay normas desde hace mucho tiempo que podrían implementarse y serían efectivas en esta lucha. La esperanza es que ahora que la ciudadanía está más interesada en atacar este flagelo haya más voluntad de quienes pueden aplicar las normas, para hacer efectivo lo ya establecido y lo nuevo. Que existan normas no garantiza que se acabe con la corrupción, si no hay voluntad política para hacerlas cumplir.
Esto va conectado a la necesidad de una gran reforma política que apunte a bajar los enormes costos de las campañas, porque gran cantidad de políticos elegidos llegan al Estado con la intención de compensar lo gastado y obtener ganancias adicionales. En esto las listas cerradas en los partidos resultan fundamentales, pero sin que estas terminen manejadas a su capricho por gamonales. Para ello se requieren protocolos claros y obligatorios en la democracia interna de los partidos. Adicionalmente es necesario reformar el Consejo Nacional Electoral y garantizar total transparencia del sistema electoral que brinde la confianza que lleve a una mayor participación de los ciudadanos en la política. 
Así que más que buscar castigar la corrupción es urgente prevenirla. Para ello hay que partir de que generalmente quienes donan recursos para financiar campañas luego son recompensados con contratos que se ejecutan en todos los niveles de la administración pública. Un reciente estudio de la Misión de Observación Electoral (MOE) revela que ese gran negocio de la corrupción es mucho más rentable que el narcotráfico y la minería ilegal. En promedio, cada donación termina recompensada por 33 veces su valor. 

No solo con nuevas normas se acabará con la corrupción, lo que se necesita es una sociedad mucho más vigilante, que elija de manera más inteligente e informada a quienes van a ocupar los cargos en el Estado, castigando a los que ponen en práctica conductas inmorales. No se pueden normalizar esas malas conductas, ni generalizar, sino fortalecer la conciencia social acerca de la protección del erario. Solo una mezcla de prevención desde la ciudadanía y mano fuerte desde las instancias pertinentes del Estado podrá frenar de manera efectiva la corrupción.