El pasado fin de semana se celebró la Fiesta de la Lana en Marulanda, Caldas, un bello, muy bello municipio del centro oriente del departamento, frío en su clima, acogedor en su estancia, de calles coloridas, parque empinado y bellos murales.
Hace parte de las llamadas Cittaslow, movimiento internacional de ciudades que promueven la calidad de vida frente al ritmo acelerado de la vida moderna. Quizás cuando más movimiento se ve, creo que el único en el año, es precisamente en las fiestas, donde cientos de ovejas desfilan y también otro tanto número de arrieros. Se realizan actividades culturales, presentaciones musicales y se recibe la visita de cientos de turistas.
Pasado el jolgorio, el martes 4 de noviembre, todo vuelve a la normalidad y Luzma, una valiente profe de unos 50 años de edad, debe llegar a un punto, montarse en un caballo y hacer un recorrido de casi tres horas para arribar a la sede Espartillal de la Institución Educativa Efrén Cardona Chica. Pasa gran parte del camino sin ninguna señal de teléfono, situación que se repite en la escuela, nada de nada, ni para una llamada. Ella queda allí incomunicada durante la semana, porque las TIC son parte de la clase de literatura de ciencia ficción.
Espartillal hace parte de los lugares que, según el Plan de Conectividad Digital /Brechas de conectividad (doc. de ruta): diagnóstico cuantitativo de brechas y hoja de ruta (dic-2024), tienen una penetración del acceso fijo a internet del 12%, muy inferior al 53% de las cabeceras municipales. Esas familias hacen parte de los 9,7 millones de hogares sin internet y la sede en particular, de las 19.376 “escuelas reto para conectar”, sin contar, además, las enormes deficiencias en infraestructura.
Esta brecha, sumada a la de infraestructura física deficiente, a la de aprendizaje y calidad educativa, desigualdad rural-urbana, formación y dignificación docente, financiación por el Sistema General de Participaciones (SGP), inclusión, orientación escolar y salud mental y alimentación escolar y bienestar, hace urgente que el Congreso de la República apruebe una adecuada Ley de Competencias que garantice los recursos necesarios para la educación y permita además subsanar la desfinanciación acumulada de 200 billones entre el año 2002 y el 2024, fruto de la aplicación de los actos legislativos 01 del 2001 y 04 del 2007.
Así lo ha venido exigiendo Fecode desde años atrás, ya no la actual directiva, cuyas mayorías actúan como apéndice del Gobierno de Petro. El riesgo que se corre es que no se aumenten los recursos con destinación específica para educación en la proporción que se requiere y crezca la de libre decisión, que fomentaría el clientelismo y la politiquería en las entidades territoriales certificadas.
Esta causa, la de la educación, nos debería unir a las colombianas y los colombianos sin distingo alguno, solo así se podría pensar en acabar con los colegios privados de infraestructura educativa adecuada, privados de dotación suficiente, privados de conectividad y acceso a la tecnología, privados de alimentación escolar con calidad y amplia cobertura, privados de políticas de bienestar, privados del número de docentes, directivos docentes y personal administrativo requeridos, con el objetivo de equiparlos de las condiciones necesarias para una educación de alto nivel y adentrarlos a la vanguardia del conocimiento, la ciencia y la tecnología.