Andrés y Mateo hacían parte de un grupo de licenciados de la Universidad de Caldas que había terminado sus materias y cumplido los requisitos para ser graduados. Solo estaban pendientes del acto ceremonial para recibir su acta de grado y su diploma y, a pesar de que la norma establecía que para verificar el requisito mínimo eliminatorio y poder participar en el concurso era legal presentar certificación de terminación de materias, ellos, junto con cientos de profesionales de la Educación, no fueron admitidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil y se les negó de tajo la posibilidad de por lo menos presentar el examen y medir sus conocimientos.
Es clave explicar lo siguiente: los maestros ingresan al servicio educativo a través de concurso, deben superar la prueba escrita de aptitudes y competencias básicas y pasar filtros clasificatorios de prueba psicotécnica, entrevista y valoración de antecedentes, que incluye experiencia para el cargo y estudios de pre y posgrados. Al final de este ejercicio, se elabora una lista ordenada de mayor a menor puntaje que determina si el lugar en la fila donde el docente quedó le alcanza para acceder a una de las plazas que están ofertadas.
Muchos de ellos, pasados los dos años de vigencia de las listas, no alcanzan nombramiento en propiedad. Los requisitos para acceder a un cargo están consagrados en la Resolución 3842 del 2022, por la cual se adoptó el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias para los Cargos de Directivos Docentes y Docentes. Para que se hagan una idea, allí se establecen, por ejemplo, qué títulos académicos son válidos para ser docente de Humanidades y Lengua Castellana.
En el proceso, el docente tarda varios años para finalmente, en audiencia pública, escoger el sitio de trabajo. Además de lo anterior, debe también soportar la politiquería y el clientelismo en los entes territoriales que buscan hacer fiesta con plazas disponibles.
Mientras un docente debe superar el examen para el ingreso, evaluación del periodo de prueba y evaluación anual de desempeño, dependiendo de la disponibilidad presupuestal concursar por una posibilidad de ascenso salarial, además del cumplimiento estricto del manual de funciones, todo por mérito, es inadmisible lo que sucede con Juliana Guerrero, que como lo denunció la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, violó las normas.
Primero se descubrió que no presentó las pruebas Saber Pro, pero le entregaron el título. Después que ni siquiera estudió la carrera y aun así, cogidos con las manos en la masa, buscaban modificar el manual de funciones para nombrarla a la brava en el Viceministerio de las Juventudes, corriendo la línea legal, o mejor, eliminándola.
Se suma a lo anterior que desde varias instancias del Gobierno le han engordado los bolsillos con millonarios contratos, la han nombrado representante del presidente ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC), viaja a sus anchas en aviones oficiales y goza de todo tipo de privilegios, junto con su hermana, todo bajo la sombrilla protectora de Gustavo Petro, el presidente de la República, que con fuerza y a la fuerza les dice a las hermanas #FuerzaGuerreras.