Respetar la justicia y el estado de derecho no significa que no se puedan criticar los fallos, ni más faltaba. Es como decir que respetar la Iglesia implica no poder denunciar la pederastia.
Los jueces son falibles por su propia condición humana. Todos tenemos -como personas- inclinaciones políticas y dejarlas de lado en un juicio contra una personalidad pública no es fácil. Lo sería para un uribista como lo es para un antiuribista. La posición política es algo tan íntimo y tan intenso que hace parte del alma humana.
Está bien que tengamos preferencias políticas, pero está mal que ellas incidan en las decisiones judiciales. Y esto es una cuestión que cae sobre el diseño de nuestra justicia: no es aceptable un escenario donde una sola persona juzga a un expresidente.
Para eso existen las apelaciones. La institucionalidad debe estar dispuesta a entender que sí, que los jueces pueden equivocarse y que es susceptible cambiar y corregir lo que haya quedado mal. Lo contrario es eliminar la garantía de una segunda instancia. Esa idea de solidaridad de cuerpo, es muy grave frente a los derechos humanos.
Más aún, también los jueces pueden tener dolo. Un juez puede cometer un delito de prevaricato. La sola existencia del tipo penal explica que es posible no solo controvertir un fallo, sino incluso investigar a un juez y condenarlo por ser contrario a la ley.
Así las cosas, claro que se puede criticar el fallo de la juez Heredia, hace parte de nuestros derechos y eso en nada desdice nuestro compromiso con el respeto a los poderes públicos y a la independencia de la justicia. La justicia debe ser independiente de los otros poderes. Pero ni la justicia ni ninguna rama del poder es independiente de la democracia y la ciudadanía. Nuestro llamado siempre a vigilar la moralidad y consistencia legal de sus acciones.
El fallo de Uribe le hace daño a la rama judicial, porque es evidente que una figura pública no puede ser juzgada como un ciudadano cualquiera, la razón de los fueros hoy aparece muy bien demostrada. Y el desgaste institucional al que se somete a la rama va a requerir entender que la ciudadanía está atenta y que su deber está por encima de la política y la polarización. La condena de la juez está equivocada a todas luces, es políticamente sesgada, se verá si la rama es capaz de enmendarla.
Este parece ser el principio de algo mucho más grave para Colombia. No es menor tener un precandidato del Centro Democrático en la clínica después de un atentado, y al máximo jefe de la oposición detenido para no poder hacer campaña. Un proceso impulsado por el senador más importante del Gobierno y su “víctima” fue nombrado ministro de Justicia días antes del fallo.
No se necesita compartir nuestras ideas políticas para entender que hay algo más pasando. Algo muy grave. Sin contar las amenazas que se ciernen sobre nosotros, los otros líderes del Centro Democrático.