La ministra de minas Irene Vélez sale del ministerio dejando un sector en cuidados intensivos. Las mentiras en informes técnicos, las acusaciones de tráfico de influencias para beneficiar a su esposo, y burlar la ley, son arandelas a una gestión donde lo que predominó fueron las malas decisiones apalancadas en desconocimiento. Ahora aparecen también, investigaciones por un presunto mal manejo de recursos públicos.
Los anuncios rimbombantes sobre la lucha contra el cambio climático y la transición energética justa; disuenan con una realidad lánguida y tendiente a la parálisis. Primero, hablaron de prohibir la exploración de petróleo y gas, invocaron la extinción del planeta. En realidad se trata de una gabela para el régimen de Maduro; en vez de sacar nuestro gas, compraremos el de Venezuela. Un negocio tan sabroso que terminó incluso con los artífices presos en Venezuela. Pero no con eso seguimos cediendo las rentas al tirano.
Se les olvida que los hidrocarburos producen 6% del PIB nacional, el 15% del presupuesto nacional, el 33% del presupuesto de la inversión de regalías y el 34% de la inversión extranjera directa. Además son el 40% y 60% de las exportaciones del país, unos 20 mil millones de dólares al año. El gobierno que decía que reemplazaría el petróleo por aguacates y después por turismo, nos está dejando sin hidrocarburos, ni aguacates, ni turismo.
Cabe recordar también el intento de control de las tarifas de energía por parte del presidente, y la falta de nombramientos definitivos de los comisionados expertos de la CREG que tienen en vilo al sector.
La falta de apoyo a los proyectos de energías alternativas que no sólo quedaron paralizados por las consultas, sino financieramente muertos por los excesivos impuestos que les pusieron (aún más altos que los del carbón). Según SER, de los 82 proyectos con fuentes renovables no convencionales, 52 -el 65%- están detenidos por tramitología. De ellos el 32% ante las Corporaciones Autónomas Regionales, 29% ante la UPME, 14% por Operadores de Red, un 8% por el ANLA y el resto por trámites ante ANI, INVIAS y alcaldía.
Enel ya suspendió de manera indefinida el proyecto eólico Windpeshi en La Guajira. Exxon Mobil se retiró de su proyecto del Valle del Magdalena Medio. Emerald Energy pidió la suspensión de su contrato en el Caquetá. Los dos proyectos eólicos más grandes del país, Alpha y Beta, que generarían 492 megavatios (MW) también están detenidos. El gobierno aprobó en el Plan nacional de Desarrollo un incentivo de renta para generación de energía a través de carbón, y le subió el impuesto a la eólica y solar. Toda una contradicción.
Andrés Camacho, el nuevo ministro, seguirá con la política de destrucción. Con la aprobación del Tratado de Escazú, las nuevas “territorialidades campesinas”, la concesión de reservas forestales a campesinos, el impuesto de sobrerenta a las hidroeléctricas, el aumento del impuesto de transferencia eléctrica del 1% al 6% y el nuevo código minero pondrán fin al sector de minero de energético.
 El gas que hoy es una de las apuestas más importantes para la transición energética, porque emite mucho menos que el diesel, tampoco les gusta.  Y eso que más de 35 millones de colombianos usan gas y este respalda el 15% de la capacidad instalada para la generación de energía eléctrica. El país ya cuenta con más de 3 mil vehículos con gas natural y más de mil de transporte de carga. Frente al Diesel reduce las emisiones de material particulado fino y óxidos de azufre en un 99%. Además, representa reducciones de óxidos de nitrógeno de hasta un 75% y de dióxido de carbono de hasta un 50%. Cerca de 5,4 millones de colombianos cocinan aun con leña y la manera más factible de llegar es con gas licuado.
La salida de la Ministra de los tennis dio un respiro, se pensaba que, tal vez, llegaría un ministro que supiera y quisiera al sector. Sin embargo, el presidente Petro no deja de sorprender en sus radicalismos: El nuevo ministro genera más preocupación.
Se trata de otro activista.  Candidato y militante del partido político de las FARC, adorador de Hugo Chávez en Venezuela, y es conocido en redes por acusar a los policías de asesinos y por culpar a miembros de nuestro partido Centro Democrático como autores de masacres. Aunque cuenta con títulos académicos más relacionados con la cartera que la saliente ministra, tampoco tiene experiencia en el sector. Y al parecer tampoco tiene mucha credibilidad la poca experiencia que acredita pues no se pagó seguridad social y hay sospechas de falsedad en esos documentos. Parece un chiste, pero le dicen el cambio.