Las universidades en Colombia han estado protegidas por autonomía universitaria. Han sido las instituciones, mediante sus consejos superiores los que eligen sus rectores y determinan la manera de distribuir sus ingresos presupuestales. La autonomía respalda la libertad de cátedra e impide que las universidades se conviertan en escenarios políticos o que las decisiones propias estén mediadas por los provechos políticos de algunos. En muchos casos ha funcionado bien, en otras especialmente algunas públicas, la política ha logrado perjudicarlas.
La autonomía universitaria, como muchas otras autonomías (campesinas, étnicas) han dado espacio incluso para considerar que los asuntos de seguridad quedan cobijados. Fue así como se prohibió la entrada de la Fuerza Pública a las universidades cuando hay enfrentamientos, o a los resguardos indígenas. Jamás estaré de acuerdo con este extremo, pues la seguridad es un asunto nacional y no puede quedar ningún territorio vetado al acceso de la Fuerza Pública.
Estos asuntos, precisamente, hacen parte de la discusión de la ley estatutaria de la educación. Por supuesto, el Gobierno se opone al acceso de la Fuerza Pública, pero pretende imponer la elección popular de rectores, lo cual no es un asunto menor. Hace pocas semanas desconoció al nuevo rector de la Universidad Nacional. El Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional eligió a José Ismael Peña como rector el pasado 21 de marzo. Fue elegido con 5 votos de los 8 miembros del Consejo. Así se constata en el acta 05 de 2024.
El candidato seleccionado no le gustó al presidente Petro, quién dio la orden de buscar un rector encargado. El presidente, sostuvo que Peña, si bien había sido elegido por el Consejo, no fue quién ganó la consulta interna de los estudiantes. La consulta de estudiantes no tiene obligatoriedad jurídica, y nunca la ha tenido, y sin embargo el presidente trató de imponerlo aún sin norma en la Nacional, y obligar a todas las universidades públicas y privadas a elegir por “democracia” los rectores.
No es difícil pensar el camino que emprenderíamos: candidatos ofreciendo todo tipo de modificaciones que movieran el voto estudiantil y que podrían afectar drásticamente la calidad. Ofrecimientos desde exámenes virtuales, hasta la no obligatoriedad de la asistencia a clases… es el camino de dejar de tomar decisiones pensando en el largo plazo, para pasar a poner en riesgo incluso el valor de la educación. Quienes se educan están ahí para recibir una oportunidad que debe estar pensado sobre el largo plazo, entendiendo las complejidades del mundo, los desafíos de las épocas.
Pero claro, para los políticos, en especial para el presidente Petro que siente en el respaldo de los estudiantes una posibilidad de crecimiento electoral, las demás consideraciones son secundarias. Los países que optaron por esquemas similares como Argentina tuvieron muy malos resultados en términos de la calidad académica, tal vez muchos mejores resultados para contiendas políticas partidistas.
Para el presidente Petro tener 3 de los 8 integrantes del Consejo Superior de la Nacional parece insuficiente, quiere incidir más aún, escoger con su movimiento político el rector. Y al rector elegido le ha tocado probar la resistencia del Gobierno que lo posesiona. Es un caso similar al de la Federación Nacional de Cafeteros, que eligió un gran gerente pero al presidente no le gustó, trató de imponer otro y cuando le fue imposible, empezó a amenazar con quitarle el contrato de administración de la parafiscalidad cafetera. Así también, cuando se hundió la reforma a la salud, decidió expropiar Sanitas a la cual culpó del hundimiento. 
Cuando los alcaldes de Bogotá en ejercicio de sus derechos decidieron un metro elevado en contravía del querer de Petro,  el presidente puso en  duda los recursos prometidos por la Nación. Cuando sus candidatos a alcaldes de Bogotá, Medellín y Barranquilla no fueron elegidos, amenazó con desfinanciar las vías 4G, tachándolas de avenidas para ricos. Cuando sus ministros de salud y agricultura hicieron reparos sobre sus reformas, los echó.
Las amenazas frente a la Universidad Nacional  por la selección del rector han sido muchas. El día de la elección del nuevo rector, el Consejo decidió que los votos fueran secretos por amenazas que habían recibido varios de sus miembros. Luego de la elección, la ministra de Educación se negó a firmar el acta. El presidente ahora nombró un ministro de Educación ad-hoc, Juan David Correa, para que ordenara una sesión extraordinaria del Consejo Superior para elegir rector encargado. La inasistencia a esta sesión podría tener sanciones disciplinarias a sus miembros. Otra amenaza más.
La Procuraduría ha respaldado la elección del rector José Ismael peña, como lo deberíamos hacer todos. En primera instancia, el Juzgado Penal Octavo de Bogotá negó una acción de tutela para que se eligiera un rector encargado. Hoy cursa una demanda penal contra el ministro ad-hoc por intentar elegir un rector encargado cuando hay rector elegido. Cómo vamos, vamos mal.