Colpensiones -el fondo público que administra las pensiones de los colombianos- está demostrando por qué es tan grave que todas las pensiones queden en manos de los políticos. Tenemos evidencia para mostrar que la entidad habría incurrido en más de 100 mil millones en sobrecostos en contratos.
En el año 2020, Colpensiones adjudicó un contrato para tres componentes, por un valor de 41 mil millones. El componente “Contact Center” costaba 25 mil millones. El actual Gobierno adjudicó un nuevo contrato solo para el Contact Center por 65 mil millones de pesos. Esto equivale a un sobrecosto de $39 mil millones; $1.400 millones adicionales por mes -un aumento de 151%-.
El contrato adjudicado de 2020 tuvo 5 otrosíes, cuatro por la actual administración de Colpensiones. El contrato original tenía un valor mensual de $1.038 millones. En solo otrosíes el sobrecosto total ha sido de $16,6 mil millones.
El contrato del Contact Center no solo supone enormes sobrecostos, como lo hemos dicho, sino que todo su proceso está lleno de dudas. Por una parte, abrieron la licitación por 72 mil millones, cifra tan abrupta que incluso quien obtuvo la licitación ofreció los servicios por 65 mil millones. Pero lo peor son las dudas sobre la idoneidad de los contratistas: el 11 de octubre de 2023, el Comité Evaluador de Colpensiones concluyó que la empresa (a la que después se le adjudicó) no cumplía con los requisitos jurídicos y que no estaba habilitada. Pidieron declarar desierta la licitación. No obstante, la directiva de Colpensiones tomó otra decisión: contrataron una firma de abogados externa que, al poco tiempo, con un análisis hiper veloz concluyó que sí cumplía con los requisitos y, sin más demoras, le adjudicaron. Hay rumores sobre funcionarios que desde adentro de la entidad advirtieron la violación de las normas contractuales.
Otro contrato con posibles sobrecostos es el de “trabajadores en misión”. Son empleados externos que la entidad contrata por medio de una empresa de empleos temporales. En el pasado se han usado. Para el Suministro de Trabajadores en Misión de los años 2019 al 2022, los contratos tuvieron una duración de 12 meses con un valor promedio de contrato de $31,7 mil millones al año.
La administración de Petro adjudicó el contrato por más de $51 mil millones en 2023 y, lo sorprendente es que además solo cubre 6 meses. Esto equivale a un sobrecosto de $5,8 mil millones por cada mes -un aumento del 213,9% comparado con el contrato de 2022-. En seis meses estamos sumando un sobrecosto de más de $35 mil millones. Ahora, si se adjudica por los otros 6 meses necesarios para completar el año, el contrato llegaría a unos $102,7 mil millones. Alcanzaría un sobrecosto total de más de $70 mil millones.
Al contrato de 2022 también se le hicieron seis otrosíes, cuatro en esta administración, de los cuales dos presentarían sobrecostos. El valor del contrato original era de $2,7 mil millones al mes;  el otrosí 4,  fue otorgado por más de $3,8 mil millones al mes; es decir 30,32% más alto. El otrosí 5 se entregó por $5,7 mil millones al mes, un  94,76% más costoso. Lo que suman $7,4 mil millones en sobrecostos.
El número de contratos de misionales evidencian que la actual administración sí ha aumentado la nómina de la entidad. El número de trabajadores en misión ha crecido en un 40,72%. Pasamos de 531 trabajadores promedio en el año 2019, a tener 924 trabajadores en septiembre del 2023. Y nos informan que las cifras están en aumento y superaron los 1.000 trabajadores en enero. Esto se suma según indican algunas fuentes, no tienen experiencia para los altos salarios que reciben, y la gran mayoría estarían laborando en forma remota, desde sus casas.
 La reforma pensional sigue su curso en el Senado, y al actual presidente de Colpensiones se le ve constantemente por los corredores del Congreso. Hoy Colpensiones recibe 14 billones de pesos por contribuciones, 10 billones por traslados y más $15 billones por el Presupuesto General de la Nación. Con la reforma pensional recibirá $20 billones de pesos adicionales al año. Y por supuesto, si van a obligar a que todos los colombianos tengan parte de sus pensiones en la entidad es necesario saber cómo será administrada. Con lo que se ha visto, será generosamente despilfarrada.