Conocí a Olga Lucía Acosta hace más de 30 años, cuando me dictó Política Fiscal en la maestría de Economía de la Universidad Javeriana. Era exigente, rigurosa y con un profundo sentido social. Desde entonces, su trayectoria ha mantenido esa combinación de solvencia técnica y compromiso con la equidad. Por eso sorprende -y preocupa- que, desde su nombramiento como codirectora del Banco de la República en diciembre del 2022, se haya convertido en blanco repetido de señalamientos presidenciales.
En marzo y abril del 2025, cuando la Junta decidió -por mayoría- mantener la tasa de interés en 9,5%, el presidente Gustavo Petro lanzó fuertes críticas, afirmando que “la delegada que yo puse no apoyó las decisiones del Gobierno” y que “la mayor parte de la Junta Directiva del Banco de la República es uribista”. Sobre Acosta, incluso insinuó que “no quiso hacerlo”, como si disentir fuera un acto de deslealtad.
Pero el episodio más reciente llegó en agosto del 2025, durante la alocución presidencial por los tres años de Gobierno. Petro volvió a arremeter contra Acosta, cuestionando su independencia y su voto en la Junta. Este patrón de ataques reiterados no puede entenderse como una simple discrepancia: empieza a configurar un acecho presidencial a la autonomía técnica que la Constitución otorga al Banco de la República.
Economista con maestría en Desarrollo Económico en la Universidad de París-I (Sorbona), especialista en Política y Regulación Económica, exdirectora de la oficina de la CEPAL en Colombia y académica respetada, Acosta tiene un perfil impecable. Su responsabilidad, en un Estado de derecho, no es obedecer instrucciones políticas, sino velar por la estabilidad macroeconómica desde la perspectiva institucional.
Olga Lucía Acosta no es “uribista” ni “antipetrista”: es una profesional de centro, con reconocida sensibilidad social. Sus escritos en la CEPAL reflejan un enfoque en la equidad, el desarrollo territorial, la protección social y la atención a regiones marginadas. El acecho presidencial que enfrenta no es solo contra una persona, sino contra la idea misma de que el Banco de la República debe ser autónomo frente a cualquier gobierno.
Cuando las críticas se concentran con especial dureza en una mujer destacada y respetada, emerge otra preocupación: el sesgo de género. Algunos ya han señalado que podría tratarse de una forma de violencia simbólica, sutil pero corrosiva, que busca deslegitimar su autoridad profesional.
Defender a Olga Lucía Acosta es defender la institucionalidad. Si dejamos que la independencia esté bajo acecho presidencial, debilitamos los contrapesos que protegen la democracia y la estabilidad económica. Respetar la autonomía del Banco no es un capricho: es salvaguardar el derecho de todos a que las decisiones económicas se tomen con criterios técnicos y no por presión política. Y finalmente, ante la violencia de género, por sutil que sea, debemos rechazarla de plano.
Es fundamental que respetemos y que el presidente tenga más tacto y respeto al referirse a los otros. Ya él se había comprometido con la Iglesia en presencia del cardenal que bajaría el tono…