El proyecto de reforma tributaria que presentó el Gobierno al Congreso ha suscitado amplias reacciones adversas. Su magnitud es realmente muy grande, 26 billones de pesos, y, en buena medida, desconcierta a la opinión pública. Sin embargo, conviene identificar elementos rescatables, aspectos que podrían contribuir a un sistema más justo y sostenible.
En primer lugar, no todo impuesto al consumo es necesariamente regresivo. Aunque en principio el IVA castiga en mayor proporción a los hogares más pobres, puede diseñarse de manera que grave sobre todo los bienes suntuarios. Analizar caso por caso resulta esencial. Un ejemplo claro está en los vehículos de alta gama. De igual forma, los impuestos a licores, espectáculos y apuestas resultan viables, seguramente modulando su aplicación en el tiempo.
Un segundo elemento positivo está en los mayores impuestos para personas con grandes capitales y rentas. El cálculo oficial habla de un recaudo cercano a los cinco billones de pesos. Esa medida tiene un foco claro de redistribución y constituye una vía coherente con el principio de progresividad que manda la Constitución.
También merece atención la propuesta de aumentar la sobretasa al sector financiero. No se trata de un impuesto nuevo, sino de incrementarlo en un contexto donde las utilidades del sector han estado por encima de los estándares internacionales. Es razonable.
Un cuarto punto está en los esfuerzos proyectados para mejorar la gestión de la DIAN y reducir la evasión, con un cálculo de recaudo adicional de unos seis billones de pesos. A juicio de varios expertos, esa meta parece inflada. Aumentar el recaudo por vía de control y fiscalización es lo correcto y fortalece la cultura de legalidad, pero es necesario preguntarse si se puede cumplir.
Ahora bien, también hay propuestas que serían realmente inadmisibles. Entre ellas, gravar con IVA las ventas de inmuebles familiares o la primera vivienda destinada a renta. También sería muy grave aumentar la retención en la fuente para ingresos medios, que ya cargan con buena parte del peso tributario. Y en materia de combustibles, establecer IVA a la gasolina y al diésel sería un golpe desproporcionado, con efectos inflacionarios inmediatos. Como máximo, podría evaluarse en la gasolina extra, pero no más allá. El impuesto a las Iglesias es bastante polémico y puede llevar a ciertas ambigüedades.
Así las cosas, la reforma por 26 billones no es viable, pero una más ajustada -en el rango de 10 a 12 billones- sí lo sería. El punto clave es que, a la par de este esfuerzo en ingresos, el Gobierno tiene que comprometerse con una reducción real del gasto público. En los últimos años el gasto ha crecido muy por encima de la inflación, generando un déficit fiscal insostenible, con presiones inflacionarias y pérdida de credibilidad en los mercados internacionales. El resultado es que la Nación y los privados terminan pagando mayores tasas de interés por la deuda externa.
Ingresos más progresivos y control del gasto: esa es la fórmula de sostenibilidad fiscal que el país necesita.