Cursa actualmente en el Congreso de la República el proyecto de Presupuesto General de la Nación, PGN, para el año 2026. Todos los sectores, tanto el político, como el económico, empresarial y social del país deberían apuntar sus reflectores hacia el trámite y la suerte de este que, en honor a la verdad, resulta ser el hecho más significativo, importante y trascendental para la economía colombiana en este momento. ¿Por qué razón?
El PGN es, por donde se le mire, una de las herramientas más poderosas de política económica del Estado. Es la base de la sostenibilidad de las finanzas públicas, incluida la deuda pública, y con ellas la confianza de los mercados internacionales hacia nuestra economía; contribuye significativamente a la estabilidad macroeconómica; se encarga de la redistribución del ingreso y de la equidad social; y es la señal inequívoca y expresa del modelo de desarrollo de cada gobierno.
De allí la importancia del debate que se surte por estos días en el Congreso.
Veamos las cifras. Se proyecta para el 2026 (año de elecciones y de cambio de gobierno) un monto total de gastos por $557 billones, distribuidos en tres grandes conceptos: funcionamiento, inversión y pago de deudas e intereses. Y para no detenernos en cifras y porcentajes, basta con destacar que, de cada 3 pesos del presupuesto para el próximo año, se destinarán 2 pesos al funcionamiento del Estado (burocracia, adquisición de bienes y servicios, transferencias a departamentos y municipios, pensiones y pasivos pensionales, entre otros). Esto de por sí llama la atención.
Pero del otro lado, las cosas no son menos preocupantes. Hay un descuadre de $26,3 billones en los ingresos. Y eso que múltiples centros de pensamiento y analistas económicos han prendido las alarmas porque el faltante no sería de $26 billones, sino de $40 billones. Si bien son muchos los factores que explican este ‘hueco’, destacan, primero, la caída en el recaudo de los ingresos tributarios, asociada a un menor dinamismo en la actividad económica privada y, segundo, el desplome en las utilidades de Ecopetrol, que pasaron de $40 billones en el 2022 a menos de $5 billones para el 2025.
Ante semejante panorama, el ministro de Hacienda ha anunciado una nueva reforma tributaria para tapar el ‘hueco’ de los $26 billones. Y nada más inoportuno desde todo punto de vista, porque ni las empresas ni las personas naturales aguantan un peso más de impuestos.
Recordemos que hace un año, cuando se tramitaba el presupuesto para este 2025, la gran discusión rondó en torno a un faltante de $12 billones que pretendían tapar con otra reforma tributaria; afortunadamente el Senado la negó.
Y seguramente este año, dadas las actuales condiciones políticas nacionales, el Senado nuevamente diría No, por lo que tendríamos, por segundo año consecutivo, la famosa dictadura fiscal, es decir, la expedición del PGN mediante decreto del Gobierno, con un año más de ruptura de la Regla Fiscal, con más gastos, pero menos ingresos y, consigo, un mayor endeudamiento público, el mismo que a cierre de este año superaría el 61% del PIB. ¡Duro panorama!