Cuando comenzaba la primera guerra mundial, en 1914, el entonces gobernante alemán, Kaiser Guillermo II, dijo: “…en una contienda bélica la primera víctima es la verdad”.
Algo parecido sucede con los hechos cotidianos en países aún en proceso de maduración, como Colombia, donde el funcionamiento administrativo e institucional, pese a disponer de instrumentos legales y constitucionales objeto de sesudos estudios y del análisis juicioso de los modelos que ofrecen naciones maduras, en su aplicación práctica es afectado por reacciones que alteran el orden y convulsionan la tranquilidad a la que tienen derecho las comunidades, por atender explosiones de júbilo o rechazo que provocan líderes y caudillos, según les convengan o no las medidas que se tomen, o los fallos, en el caso de la justicia.
Decisiones oficiales que tuvieron su razón de ser en un momento determinado, se desfiguran cuando se enfrentan a otras realidades, en virtud de las diversas interpretaciones a las que son sometidas. En ese maremágnum navegan personajes relevantes en el desempeño de funciones públicas, cuyas actuaciones pueden ser erráticas o acertadas, según las circunstancias que se presenten, que son variables, dada la condición humana de los actores.
El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), de origen antioqueño, sin deslumbrantes títulos académicos ni honduras autodidactas, pero dueño de una recia personalidad, además de un carácter “templado”, como se dice coloquialmente, emergió a la vida pública desde posiciones de base y escaló ascensos metódicamente, capitalizando experiencias y alimentando ambiciones, hasta conquistar la más alta de las posiciones públicas: la presidencia de la República, que desempeñó con eficiencia, especialmente haciendo efectivo su programa bandera, la seguridad democrática, de inocultables buenos resultados.
Antes, como congresista, había sido autor de la Ley 100, con un equipo de asesores especializados, para reglamentar la salud pública y la seguridad social, bien pensada y acertadamente aplicada. Lo que sucedió después con ambas iniciativas de Uribe, la seguridad y la salud, está lejos de ser su responsabilidad, porque otros actores intervinieron, como la politiquería y la corrupción, desviándolas de sus objetivos.
Pero el desempeño del poder, el efecto que causa en la personalidad de quienes lo ejercen y el incensario que agitan beneficiarios y admiradores, causa los mareos propios de las alturas, con la consecuencia de aferrarse el gobernante a la idea de “indispensable”, haciéndole esguinces a la normatividad constitucional. Ante los impedimentos legales, un recurso alterno para continuar en el poder es el “cuerpo ajeno”, manipulando los hilos de una marioneta, que no siempre funciona, generando polarizaciones desestabilizadoras para el país.
Ante los hechos relacionados con el fallo judicial contra el expresidente Uribe, las opiniones encontradas han sido más emocionales que racionales, comprometiendo la tranquilidad y la legalidad con argumentos sesgados. “Dura lex sed lex” (la ley es dura, pero es la ley), dice la sabia expresión latina. Lo demás es alharaca política.