En esta ciudad, donde las invasiones prosperan, se debe intervenir el mercado de tierras para garantizar el acceso al suelo urbano cuando de vivienda se trate, entendiendo que dicho derecho puede reivindicarse para que todos los ciudadanos puedan gozar de las ventajas y beneficios de la ciudad, ya que también esa demanda abarca otros propósitos como negocios y diversas actividades culturales, máxime cuando los actuales instrumentos normativos no logran integrar las dinámicas de autoproducción de vivienda, sino que tienden a generar acciones represivas desde el Estado.
Todo porque el costo de la tierra para los sectores de bajos ingresos, es el factor detonante de las invasiones en los extramuros de la urbe y sobre áreas inadecuadas o inviables, como consecuencia de no garantizar un hábitat inclusivo mediante el acceso equitativo a la tierra pese a ser fundamental para evitar la segregación espacial de la ciudad; una consideración que debe mirar ahora el Área Metropolitana pensando en una política pública explícita para los distintos mercados de suelo urbano.
Entre los científicos sociales y otros actores que conocen del problema a fondo, se dan coincidencias al identificar la acción del Estado neoliberal como principal causa de los citados problemas urbanos: en primer lugar, anotan la falta de voluntad política a lo que se suma la corrupción e ineficiencia, como obstáculos reiterados; y en segundo lugar, reconocen el rol de los especuladores inmobiliarios, quienes -entre sus pingües negocios- también cuentan los vinculados a la construcción de vivienda social.
Siendo así, cuando sectores importantes de la población se ven imposibilitados para acceder a viviendas y servicios urbanos básicos bajo condiciones dignas, la pregunta es cómo prevenir la “toma” de tierras, si no es mediante instrumentos que beneficien a las familias carentes de recursos permitiéndoles recurrir al mercado inmobiliario formal, y que igualmente faciliten la transformación y articulación de los asentamientos irregulares, para que éstos formen parte integral de la ciudad, ya que la informalidad además de costosa no es la mejor alternativa para combatir la pobreza.
Pero si la regularización por más necesaria que sea, sólo representa una solución parcial, ya que blinda al beneficiario con la seguridad jurídica del derecho otorgado, también la dotación de servicios públicos esenciales debe entrar como parte de una solución integral, razón por la cual el ente responsable del proceso debe conocer a fondo la profunda mutación que actualmente experimentan las políticas de la vivienda urbana en general, y las políticas del uso del suelo en particular para lograr el cometido social.
Finalmente, si la base estructural de la informalidad, se asocia más a la inequidad social y desigual distribución de la propiedad, que a la transgresión de normas, dicha política implica generar una reglamentación adecuada no sólo pensando en el mercado de tierras, sino también en las condiciones legales, económicas y sociales para el acceso equitativo a dicho mercado, en el que la tierra se compra, vende o alquila a través de contratos y transacciones legales, en condiciones de equidad y justicia social.