En medio del trámite del estudio que adelanta el Gobierno nacional sobre la propuesta  relacionada con que la constructora Odinsa continúe con la operación de la Autopista del Café, a través de una Iniciativa Privada (IP), el asunto pasó de ser técnico a convertirse en bandera política.
Para la campaña al Congreso el mensaje  es claro: Negar la iniciativa y, de paso, levantar las casetas de peaje ubicadas en Caldas. Nada resulta más atractivo para la comunidad que la idea de no pagar peajes.
Conviene recordar que, a finales de los años noventa, viajar en carro hacia Pereira era, en muchas ocasiones, una verdadera tortura. La vía estaba saturada, los choques -especialmente de tractomulas- eran frecuentes, y el recorrido se hacía eterno. Hoy, gracias a la Autopista del Café, ir a Pereira o a Armenia es mucho más fácil y agradable.
No se puede olvidar que la concesión vence en febrero del 2027, por lo que la decisión final sobre la IP y sobre los peajes le corresponde al próximo gobierno. El presidente Petro puede negar la propuesta, pero esa decisión solo surtirá efecto al terminar el contrato. En consecuencia, el gobierno que llegue después podría reversarla. Lo mismo ocurre con los peajes: este Gobierno no puede levantarlos antes de la fecha de vencimiento.
Por eso, por mucha campaña política que se haga contra la IP y los peajes, y aunque algunos candidatos se presenten como “ganadores” al anunciar que lograron suspenderlos, en la práctica no existe tal posibilidad.
También es claro que el Invías no cuenta con la capacidad económica ni técnica para asumir la operación de la Autopista del Café. Esta entidad ya administra miles de kilómetros de vías nacionales y tiene compromisos tan exigentes como el mantenimiento del Túnel de la Línea, que absorbe buena parte de su exiguo presupuesto. Por su trayectoria y ejecuciones, pretender que el Instituto pueda hacerse cargo de la vía Manizales-Pereira-Armenia y mantenerla siquiera en las condiciones actuales, no pasa de ser un acto de ingenuidad. Mucho menos podrá garantizar que, en sus manos, se levanten los peajes o se ejecuten las obras de ampliación y mejoramiento que la carretera requiere hoy y necesitará en los próximos años.
La realidad es que la única manera que tenemos los colombianos de superar el atraso vial es a través del modelo de concesión y del pago de peajes. Este sistema ha mostrado sus bondades, tanto así que, en varias concesiones devueltas al Estado, las mismas comunidades han pedido que se vuelvan a entregar a privados.
Una de las críticas más frecuentes es el supuesto alto costo de las obras bajo este modelo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es responsabilidad del concesionario la disposición de los recursos, los diseños y la construcción. El constructor no solo debe ejecutar el proyecto, sino también hacerlo  en los plazos estipulados, de lo contrario, pierde dinero o incluso se quiebra y por ahí derecho enreda al país ante la banca internacional.
El Estado paga con los recaudos de los peajes y con vigencias futuras. En contraste, cuando las obras quedan en manos del Estado, suelen tardar una eternidad, acumular “gastos ocultos” y generar sobrecostos que, al final, hacen que el valor real del kilómetro construido resulte mayor que el de las concesiones.