Definitivamente, las contrataciones de obras públicas se han convertido en un verdadero karma para las administraciones a nivel nacional, departamental y local. Sobre el papel, la pluralidad de ofertas debería garantizar transparencia y eficiencia; en la práctica, esto no siempre es cierto.
Lo mismo ocurre con los pliegos de condiciones: exigen experiencia, personal especializado y músculo financiero, pero una vez firmado el contrato muchas empresas terminan cambiando el personal propuesto, subcontratando con firmas locales o incluso cediendo y vendiendo los contratos. No faltan las firmas de ingeniería que cuentan con más abogados que ingenieros, expertos en reclamos, pleitos y dilaciones. El ideal sería liquidar los contratos de manera bilateral, pero casi siempre terminan en litigios jurídicos interminables.
Para complicar aún más el panorama, en muchos contratos aparecen “intereses ocultos”, que implican pagos adicionales con cargo a los recursos de la obra.
De este karma no ha sido ajena la Secretaría de Infraestructura de Caldas, que en sus contratos de obra se encuentra atrapada entre incumplimientos, sobrecostos, trámites sinfín y litigios eternos, una situación que viene desde la Administración anterior. Un ejemplo son los contratos de las vías del Hermanamiento y del Renacimiento, que contemplan la pavimentación de las carreteras La Dorada-Sonsón, Berlín-Florencia, Riosucio-Jardín y Supía-Caramanta.
Todas las obras han presentado dificultades. El contrato Supía-Caramanta, de apenas ocho kilómetros, fue adjudicado en octubre pasado por $28 mil millones. El proceso estuvo rodeado de acusaciones entre proponentes y obligó a revisar unos estudios incompletos, lo que terminó generando una adición de $14 mil millones. Hoy la ejecución avanza, pero a paso lento.
La vía La Dorada-Sonsón tiene un contrato para varios tramos que suman unos 40 kilómetros. Afortunadamente, el contratista viene cumpliendo e incluso superando lo establecido en el cronograma. No es el caso de las carreteras Berlín-Florencia y Jardín-Riosucio, cuyo contrato venció en noviembre pasado y está en proceso de liquidación judicial, con constantes aplazamientos.
El caso más ilustrativo de las dificultades con los contratos de obra es el de la vía a Termales El Otoño, paralizada desde el 15 de diciembre. De los dos kilómetros previstos, la obra alcanzó un 94% de avance físico, con $900 millones pendientes de ejecución y el contratista desaparecido. Ante ello, hubo que demandarlo, pero hasta hoy no se tienen noticias de su paradero. Otro contrato es la carretera Cartagena-Aerocafé, que tras superar algunos problemas prediales, finalmente se encuentra en ejecución.
Una obra que la comunidad espera con ansias es la vía Tres Puertas-Santágueda, actualmente se encuentra en prepliegos para su primera fase, que va desde Tres Puertas hasta el río Chinchiná. El diseño contempla una calzada de ocho metros, con andén y ciclorruta.
Mientras tanto, se comenta que el secretario de Infraestructura del Departamento anda programando peregrinaciones a Buga, para pedirle al Señor de los Milagros que le conceda la gracia de que en esta ocasión le toque un buen contratista y, de paso, le ayude a resolver todos los problemas que arrastra con los otros contratos.