“Este no es un juicio político, es un fallo de justicia”, dijo la jueza Sandra Heredia al iniciar la lectura del sentido del fallo contra el expresidente Uribe, que muy seguramente marcará un antes y un después en la historia política del país. La frase buscaba establecer distancia entre el estrado judicial y el debate político, algo poco probable en un contexto de alta polarización como el que vive actualmente la Nación.
La decisión de la jueza Heredia es de primera instancia. El proceso pasará ahora al Tribunal Superior de Bogotá y llegará a casación a la Corte Suprema de Justicia. Todo comenzó en el 2012, cuando el entonces senador Iván Cepeda presentó testimonios que vinculaban a Álvaro Uribe y a su hermano con la creación de grupos paramilitares. Uribe lo denunció por manipulación de testigos, pero en el 2018 la Corte archivó la denuncia y, en cambio, abrió una investigación contra el expresidente por presuntamente intentar cambiar testimonios a su favor.
En el 2020, la Corte ordenó su detención domiciliaria, lo que meses después llevó a Uribe a renunciar a su curul como senador. Esto trasladó el proceso a la justicia ordinaria, con la expectativa de que, por la lentitud del sistema, se lograra la preclusión del caso. Con Francisco Barbosa como fiscal general, el proceso se estancó. Todo cambió con la llegada de la nueva fiscal, postulada por Petro; entonces, el caso comenzó a avanzar con inusual rapidez.
Las dificultades de Uribe se hicieron mayores con el nombramiento como asesor jurídico del abogado Diego Cadena, conocido por representar a exparamilitares y narcotraficantes, quien visitó cárceles para asesorar e influenciar los testigos que atacaban a Uribe. Su vinculación fue un error estratégico: no tenía el perfil técnico ni ético que requería la defensa del expresidente y comprometió enormemente su situación judicial.
La jueza Heredia, actuó con celeridad, brindando garantías procesales a todas las partes. En pocos meses atendió las audiencias en las que se escucharon a 92 testigos. El juicio fue seguido en vivo y en directo por el país, como si se tratara de una novela.
Entre los aspectos más debatidos del fallo están la prisión domiciliaria inmediata y la extensión del texto. La privación de la libertad antes de agotar los recursos procesales, que por norma debe ser excepcional, es una práctica común en el país que contribuye al hacinamiento carcelario. En muchos casos por la proporcionalidad de la medida, surgen interrogantes debido a que los procesados pasan años en prisión sin haber sido condenados. En el caso de Uribe no son muy claros los argumentos que daban pie para que el expresidente fuera detenido inmediatamente después del fallo.
Una sentencia de más de mil páginas es un absurdo. Diluye el mensaje central y da la impresión de inseguridad en la decisión. Colombia adoptó hace dos décadas el sistema penal acusatorio, basado en la oralidad, para lograr fallos más claros y ágiles; sin embargo, la costumbre de producir autos y sentencias interminables sigue vigente.
El fallo contribuyó a intensificar la polarización. La figura de Álvaro Uribe genera pasiones encontradas: para unos es símbolo de autoridad y seguridad; para otros, de abuso de poder. Este proceso influirá enormemente en las próximas elecciones legislativas y presidenciales. Este es un típico caso jurídico que derivó en un juicio político y que, sin lugar a duda, terminará determinando el rumbo de Colombia en los próximos años.